El Ib-Salut mantiene la denuncia por la cesión de datos de pacientes de Inca

La presunta filtración de datos de pacientes del hospital de Inca al PP de esta localidad para que políticos de esta formación les cursaran visitas de corte electoralista se dilucidará en los juzgados. Así lo confirma el director general del Ib-Salut, Juan José Bestard, quien recalca que, pese al cambio de color político del Govern, el Servei de Salut no retirará la denuncia interpuesta por este organismo el pasado 18 de noviembre en el juzgado de guardia de la capital de es Raiguer.

Como se recordará, el Ib-Salut presentó una denuncia ante el juzgado de guardia de la localidad inquera el 18 de noviembre, día en que esta capital celebraba su Dijous Bo, para que se investigara quién o quiénes habían sido los autores de "una fuga de información desde el hospital de Inca al Ayuntamiento" que la propia conselleria de Salud constató tras llevar a cabo una investigación interna. Esta presunta cesión ilegal de datos íntimos de los enfermos fue desvelada por DIARIO de MALLORCA.

En las semanas siguientes a la aplastante victoria electoral del PP el pasado 22 de mayo, la conselleria de Salud ha ido renovando a todos los altos cargos responsables de los hospitales del Ib-Salut con una única excepción, Federico Álvarez, gerente del centro sanitario comarcal en el momento en que se produjeron los hechos.

Perteneciente a UM aunque con buena cintura para sobrevivir a la salida de esta formación de las instituciones tras la crisis del anterior Ejecutivo autónomo, Álvarez fue ratificado por el nuevo Govern para un cargo que ocupaba desde el mes de agosto de 2007.

El director del Ib-Salut, Juan José Bestard, señaló que su departamento mantendrá la denuncia presentada ante un juzgado de Inca ya que, dijo, "creo firmemente en el estado de Derecho y serán los tribunales los que determinen si se produjo una fuga de información en el hospital de Inca y quién fue el responsable de ella".

Preguntado sobre los motivos por los que se ha decidido mantener a Álvarez al frente del hospital de Inca, Bestard respondió que la ratificación del cargo se hizo a propuesta del Patronato de la Fundación del hospital de Inca y, más en concreto, del Ayuntamiento de la localidad gobernado por el PP, partido presuntamente beneficiado del envío de los datos de pacientes del municipio ingresados en el centro comarcal para cursarles visitas con fines electoralistas.

"Si se ha filtrado un solo dato de un paciente todo este asunto se someterá a la Justicia porque estamos ante un hecho penado por la Ley de Protección de Datos", señaló el nuevo director general del Ib-Salut.

Salvo por un sabotaje

Sobre el hecho de que Álvarez podría ser considerado culpable de esta presunta filtración aunque no fuera consciente de ella debido a que era el máximo responsable del hospital en el momento de los envíos de estos datos, entre finales de septiembre de 2009 y comienzos de noviembre de 2010, Bestard admitió esta posibilidad ya que, señaló, en estos casos se considera responsable subsidiario al máximo responsable del organismo desde el que se hayan transferido sin consentimiento esos datos "salvo que exista un sabotaje informático que haya hecho posible esta fuga de información de forma irremediable".

En la investigación interna hecha por el Ib-Salut y remitida a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) se desprendía que al menos 39 faxes fueron enviados al Instituto de Educación Secundaria Pau Casesnoves donde trabaja Margarita Horrach, concejala de Sanidad del ayuntamiento de Inca, y que todos estos envíos iban precedidos de una llamada hecha desde el hospital. Horrach ha sido citada a declarar como imputada en septiembre.