03 de junio de 2011
03.06.2011
Fiscalía Anticorrupción

Piden que se archive el caso Turismo Jove para siete imputados

El juez lo ha hecho constar en el auto que ha dictado para decretar el fin de la instrucción de una de las primeras causas que salieron a la luz en relación al anterior mandato del PP

03.06.2011 | 18:14
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado el sobreseimiento del caso Turisme Jove, que investiga el presunto desvío de más de un millón de euros a través de esta empresa pública durante la segunda legislatura de Jaume Matas, para siete de los 21 imputados contra quienes el juez instructor, Miquel Florit, ha decretado que continúe el proceso penal con el fin de que puedan ser juzgados por estos hechos.

En concreto, se trata de la ex secretaria general de la Conselleria de Medio Ambiente, María de los Reyes, los empresarios Juan Pedro Carbonell, José Manuel Maíz y Matías Vidal, el arrendador de un local de Turisme Jove, Bernardo Carbonell, el director ejecutivo de Sáez Urios, Antonio Noguera, y el publicista Joan Rosselló, si bien el juez ha avanzado que esta cuestión se resolverá una vez hayan sido presentados los escritos de acusación del Ministerio Público y la acusación popular, ejercida por el PP.

Así lo ha hecho constar el juez en el auto que ha dictado para decretar el fin de la instrucción de una de las primeras causas que salieron a la luz en relación al anterior mandato del PP, y que se inició en agosto de 2008 después de que la Conselleria de Juventud y Deportes, dirigida en la anterior legislatura por la consellera Rosa Puig, detectase irregularidades en la gestión del Consorcio y pidiese a los Servicios Jurídicos del Govern que investigaran estas anomalías.

Tras confirmarlas, el Ejecutivo autonómico puso estos hechos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción. El titular del Juzgado de Instrucción número 6 ha abierto ahora la vía, casi tres años después, para sentar en el banquillo de los acusados a un total de 21 imputados, entre ellos el ex gerente del consorcio Turisme Jove, Damià Amengual, y el ex director general de Juventud en el anterior Govern del PP, Juan Francisco Gálvez, presuntos responsables del desvío de fondos que dejó a la empresa en quiebra técnica.

En concreto, sobre los encausados pesan los presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad documental, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios y defraudación.

El auto del juez, al que ha tenido acceso Europa Press, da paso a Fiscalía y acusación popular para que formulen escrito de acusación como paso previo a la apertura de juicio oral o por el contrario soliciten el sobreseimiento de la causa. La resolución apunta a que entre 2005 a 2007 tanto Amengual y Gálvez como el ex jefe de Mantenimiento de Turisme Jove, Juan Francisco Gosálbez, idearon, planificaron y desarrollaron actuaciones dirigidas a conseguir que "importantes" cantidades de fondos públicos fuesen utilizadas en "beneficio y provecho privado".

Para ello, aprovechándose de la falta absoluta de controles administrativos sobre su gestión, contaron con la intervención de los otros encausados -particulares con quienes se relacionaban o contrataron "fuera de toda norma de contratación pública"- con quienes "se concertaron" y a los que admitieron facturas que no se correspondían con servicios prestados, tal y como apunta el magistrado en su auto.

COBRO DE COMISIONES Y CREACIÓN DE SOCIEDADES PARA DEFRAUDAR

En el marco de estos hechos, los responsables del consorcio habrían cobrado comisiones por la adjudicación de los contratos y habrían interpuesto sociedades expresamente constituidas para defraudar a la administración, obteniendo del erario público el reintegro de gastos personales y ocasionando de este modo a Turisme Jove un perjuicio que superaría el millón de euros, según las investigaciones practicadas dentro de este caso.

Además de Amengual, Gálvez y Gosálbez, y los encausados para quien la Fiscalía ha pedido el archivo, el juez ha decretado que continúe el proceso penal contra el empresario de Injerjes de Paguera y ex regidor de Calvià, Jesús García Oeo; el empresario Miguel Rigo; la compañera sentimental de éste último, María Auxiliadora Pérez; el constructor Marcos Pérez; los socios de Náutica Aventura, Antonio Dols y Bartolomé Gayà, y el constructor Antonio Tugores; el publicista Manuel Carmelo.

Junto a los anteriores encausados también se encuentran los empresarios Llorenç Jaume; Pau Pujante y André José Villena, hotelero francés que según las pesquisas facturó 120.000 euros al consorcio varias estancias en establecimientos de Alpe d'Huez (Francia) y Vago (Portugal) que nunca llegaron a realizarse.

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