27 de mayo de 2011
27.05.2011

Anticorrupción reclama 91 años de cárcel para los 18 encausados por la trama Scala

La fiscalía pide multas de 15 millones para el exconseller Cardona, su segundo, Viaene, y la exgerente Antònia Ordinas - La juez abre juicio oral y establece una fianza de 7,3 millones de euros por el supuesto expolio del consorcio público CDEIB

27.05.2011 | 08:30
Josep Juan Cardona y su abogado Josep Zaforteza.
La juez Carmen Abrines abrió ayer juicio oral contra el exconseller de Industria y Comercio en el anterior Govern del PP, Josep Juan Cardona, y otros 17 acusados en el llamado caso Scala, una presunta trama de expolio sistemático y organizado del consorcio público CDEIB, dedicado a la promoción exterior de productos baleares. La magistrada fija una fianza de 7,3 millones de euros para Cardona, su número dos en la conselleria Kurt Viaene y Antònia Ordinas, la exgerente del CDEIB. La fiscalía anticorrupción y el actual Govern piden 91 años de cárcel para los 18 encausados y 15 millones de multa para Cardona, Ordinas y Viaene.
La juez estima que Cardona y otros dos altos cargos de la conselleria de Comercio –Kurt Viaene, director general de Promoción Industrial, y Antònia Ordinas, directora-gerente del Consorci Per el Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears (CDEIB)– encabezaron una presunta asociación ilícita dedicada, con denuedo, a desviar fondos públicos a sus bolsillos particulares o a los de sus allegados.
La magistrada ha cuantificado en casi 5,5 millones de euros el dinero del Govern malversado por las maquinaciones de los tres principales acusados. La fianza de 7,3 millones exigida a los tres imputados es mayor, teniendo en cuenta los intereses y las penas de multa contemplados para los delitos de corrupción.
Los otros encausados que serán juzgados por este sumario son: Felip Ferré, exedil del PP de Lloseta y casado, en esa época, con una sobrina segunda del anterior president del Govern Jaume Matas; Arnaldus Van den Hurk, socio de Ferré; Isabel Rosselló, esposa de Ordinas; Jaime Fernández Abad; Joan Rosselló; Francisco García Cerrato; Sergio Pereletegui; Jaume Gil; Manuel Saez Vidal; Pedro Veny; Juan Simonet; Antoni Vicens; Antonio Munar y Francisco Mauri.
La fiscalía, y la acusación particular en nombre del actual Govern, ejercida por la letrada María Ángeles Berrocal, acusan al trío de integrar "una asociación ilícita dedicada a apoderarse de ingentes cantidades de dinero procedentes de los fondos públicos que tenían a su disposición por razón de su cargo".
Las acusaciones hablan, sin tapujos, de "creación de una estructura jerárquica y perfectamente organizada"; diseño que permitió "el saqueo sistemático de las arcas públicas".
Para Cardona, las acusaciones demandan una condena de 21 años de prisión; que asciende a 20 para Kurt Viaene y a 6 para Ordinas, a la que se aplican las atenuantes de confesión y devolución de parte de lo malversado. Isabel Rosselló se enfrenta a 7 años de cárcel; Felip Ferré a 6; Joan Rosselló, otros 6; y su exsocio "Arnaldus", a10. Anticorrupción también pide 7 millones de multa para Cardona y Viaene y 1 millón para Ordinas por los sobornos cobrados.
Cardona "ocupó la posición de líder o jefe director de la presunta trama. El ex presidente del PP de Eivissa "impartió las instrucciones a sus subordinados"; "se ocupó como conseller de Comercio de nutrir económicamente al CDEIB de fondos públicos, mediante el trasvase de dinero de la propia conselleria o desde del Instituto de Innovación Empresarial (IDI)".
Para las acusaciones, la presunta banda de saqueadores escogió el CDEIB para enriquecerse porque su actividad como organizadora de ferias y otros eventos promocionales "era idónea para enmascarar el continuo y sistemático desvío de fondos".

Total impunidad
Además, no había "controles previos administrativos, ni financieros sobre la gestión de ese consorcio público", que recibió en la pasada legislatura unos 25 millones de euros. Eso les dio una sensación de "total impunidad".
El auto establece para los otros 15 acusados fianzas, que en algunos casos son millonarias. No obstante, la mayoría de estas sumas tendrían que ser aportadas de forma solidaria con los 3 encartados principales. Así, para Isabel Rosselló se piden 4,2 millones; 3,3 para Joan Rosselló; y casi 2 millones para Ferré y su antiguo socio Anoldus Van der Hurk.

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