La fiscalía anticorrupción y el actual Govern solicitan penas desde una simple multa hasta 10 años de privación de libertad para los 15 acusados en el caso Scala que no ocuparon, como Cardona, Ordinas y Viaene, la cúpula en la presunta trama de expolio sistemático de un consorcio público entre 2003 y 2008.
La presunta intervención de estos 15 imputados en los hechos que serán juzgados por la Audiencia de Palma es muy variada: algunos de ellos facturaron importantes sumas al consorcio CDEIB en esa legislatura a cambio de sobornos y con contratos amañados; otros se lucraron con informes y estudios plagiados de Internet o totalmente inútiles para los fines públicos; y unos pocos tuvieron un papel testimonial o de cómplices en algunas desviaciones de fondos.
Las acusaciones admiten la aplicación de las atenuantes de confesión para un primer grupo de encartados: S.P.J., Jaume Gil; Manuel Carmelo Sáez Vidal; José Enrique Simonet, Antoni Vicens; Antoni Mut; Joan Rosselló; Felipe Ferré; Antònia Ordinas e Isabel Rosselló.
Sin embargo, Joan Rosselló y Felipe Ferré se enfrentan a 6 años de cárcel; Isabel Rosselló y Antònia Ordinas a 7 años; Arnaldus Mateo Van den Hurk a 10 años; Jaume Gil, 4 años y S.P.J., 5 años
Los "arrepentidos" Juan Enrique Riera, exasesor del CDEIB, Antoni Vicens, Antoni Munar; Manuel Carmelo Sáez Vidal son los que mejor parados han salido de momento: para ellos se solicitan penas inferiores a 2 años de cárcel (de no cumplimiento obligatorio) y en algunos supuestos susceptibles de ser sustituidas por simples multas.
Diez años para el matrimonio
El matrimonio de acusados formado por Daniela Francisca Beaumont y Jaime Julio Fernández Abad, que figuran entre los provedores de la conselleria de Comercio, tiene una petición conjunta de pena de diez años de cárcel, cinco por cabeza. Fernández Abad y su esposa también disfrutan de la condición de colaboradores o arrepentidos, pero eso no les garantiza que no acabarán entrando en prisión.
Para Francisco García Cerrato y Pedro Veny, dos de los pocos encausados que no han colaborado con la fiscalía, se piden unas condenas de 8,5 años y 5 años.
Los presuntos delitos atribuidos a la trama son los siguientes: malversación, prevaricación, falsedad de documento oficial, asociación ilícita, cohecho, fraude al Govern y falsedad de documento mercantil. A Cardona, Ordinas y Viaene se les imputan el mayor número de delitos.
