09 de mayo de 2011
09.05.2011

El Govern deberá reducir empleados públicos si no mejora la financiación

Los partidos coinciden en eliminar altos cargos pero no funcionarios de servicios públicos

09.05.2011 | 08:30
El conseller Manera reunido con funcionarios para explicarles la reducción solarial.
Las palabras del conseller de Economía, Carles Manera, advirtiendo de que será necesario suprimir unos 700 empleos públicos anuales para hacer frente al déficit de la administración pública están levantando ampollas entre los partidos políticos enfrascados en plena campaña electoral. La mayoría de los consultados coinciden en que en el caso de que Balears mejore la financiación estatal no será necesario realizar recortes drásticos. Todos reconocen, no obstante, que es preciso suprimir cargos de confianza, altos cargos y asesores, pero se toman con cautela no cubrir plazas de funcionarios.
El planteamiento de Carles Manera es eliminar estos 700 empleos públicos de forma anual, no cubriendo las plazas vacantes e incentivando las jubilaciones. En estos momentos en Balears existen unos 27.000 funcionarios y empleados públicos entre Govern y consells insulares. Pese a este número, las islas son una de las comunidades autónomas de España con un índice más bajo de empleados públicos.
Josep Ignasi Aguiló, responsable de economía del Partido Popular, aseguraba ayer que las palabras de Manera "son difíciles de analizar, ya que no tenemos un presupuesto aprobado y en estos momentos no tenemos información. Coincidimos que se deben eliminar altos cargos, pero a funcionarios y empleados de servicios públicos creo que debemos aplicar los recortes con precisión de bisturí".
Aguiló también consideró básico un buen acuerdo con Madrid: "Es fundamental mejorar la financiación y evitar que el Estado nos quite 240 millones de euros, una mala noticia para Balears".
Desde el PSIB recordaron que el Govern actual ya ha iniciado un reducción de empresas públicas, pero advirtieron de que la reducción del sector público "no puede suponer eliminar prestaciones sociales, ya que hay que recordar que el 90% de funcionarios del Govern son sanitarios o docentes". Para los socialistas quien anuncie "la supresión de un 25% de empleos públicos está anunciando despidos de sanitarios y docentes". Esta último posicionamiento del PSIB no coincide con lo anunciado por Carlos Manera, ya que 700 empleos anuales supone eliminar un 25% en 10 años.
Antoni Alorda, representante de la coalición del PSM, IV, ExM calificaba de "poco serio querer reducir peso de los público. Debemos recordar que Balears es una de las comunidades con menos funcionarios por habitante y aquí está el escaso trabajo del PSOE en conseguir un compromiso ético de alcanzar una financiación a la medida del resto de comunidades. Balears está financiando los funcionarios de otras regiones con sus aportaciones muy por encima de lo que nos devuelven". Por este motivo, Alorda abogó por un acuerdo con el Gobierno central: "Si mejoramos la financiación creemos que no será necesario tomar estas medidas drásticas". Alorda añadió que "el conseller Manera se encuentra desesperado porque los 240 millones que nos ha quitado el Estado ya estaban gastados".
Antoni Serra, número tres de la candidatura autonómica y responsable de economía de Convergència per les Illes, también se mostró contundente a la hora de exigir la mejora de la financiación estatal. "No nos quedará más remedio que acometer estos recortes de reducción de empleados públicos si no exigimos mejorar la aportación del Gobierno central. Es evidente que se debe reducir la administración eliminando altos cargos, pero lo que debemos evitar es reducir la eficiencia de los servicios públicos". El representante de Convergència se preguntaba por qué debemos suprimir plazas de médicos o maestros cuando aportamos al Estado "mucho mas de lo que nos devuelve". Antoni Serra también recriminó al actual Govern que haya permitido que Madrid le quite a Balears 240 millones de euros.
Jaume Font, candidato de la Lliga Regionalista, fue uno de los que se adelantó al anuncio del conseller Manera. El dirigente regionalista ya afirmó el pasado mes de marzo que era necesario suprimir un 25% de los empleados públicos en 10 años. Este porcentaje supone una cifra de unos 700 anuales, la misma proporción anunciada por Manera en este periódico.
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