30 de abril de 2011
30.04.2011

El Govern obliga a contratar ´vigilantes´ en los centros de ocio

El personal que se exige debera evitar que se trafique con drogas y el acceso de personas violentas

30.04.2011 | 08:30
El Govern aprobó ayer el decreto que obliga a los locales de ocio como discotecas, salas de baile, y de espectáculos públicos a contar con personal encargado de controlar tanto el acceso al recinto como el "ambiente interno" en estos establecimientos, además de exigir una formación básica para ellos mediante la superación de un curso oficial y de una prueba evaluadora. Su entrada en vigor se producirá a los seis meses de la publicación en el Boletín Oficial de Balears.
En concreto, en aquellos establecimientos que tengan una capacidad máxima de 250 a 400 personas se deberá contar con una persona encargada de vigilar lo que sucede en su interior, cifra que se eleva a dos para los aforos de 401 a 999 personas. Para los que tengan una capacidad superior a los 1.000 clientes, se les exige contar con un vigilante por cada 500 individuos o fracción.
Además, el servicio de admisión en el local debe disponer de, como mínimo, un trabajador.
Las funciones que deberán desempeñar son las de impedir el tráfico y el consumo de drogas o el acceso a personas de comportamientos violentos, controlar el cumplimiento de la normativa de menores, evitar que se supere el aforo máximo o que se saquen bebidas a la calle, y velar por el cumplimiento de las normas sobre el tabaquismo, entre otras.

Abusos sexuales a menores
El Consell de Govern también acordó impulsar programas para prevenir y detectar los abusos sexuales a menores, entre ellos uno en colaboración con el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, que tendrá un coste de 57.134 euros. El Ejecutivo autonómico acordó igualmente instar al ministerio de Medio Ambiente para que proteja los montes submarinos de Emile Baudot, Ausiàs March y ses Olives.

Cambios en la ley matrimonial
En otro orden, el Govern se dio por enterado del anteproyecto de ley de régimen patrimonial del matrimonio elaborado por la comisión asesora de Derecho Civil de Balears. En este último se establece la exigencia de que el cónyuge que no sea titular de la vivienda familiar deba autorizar su venta o gravamen, o el que pueda seguir utilizando esa residencia durante un año tras la muerte de su pareja aunque no tenga derecho de uso de la misma.
También se dio el visto bueno a los decretos que aprueban la creación de nuevos institutos en Sant Marçal y Santa Maria.

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