Las ejecución de la Vía Conectora conllevará entre "200 y 300" expropiaciones, según las estimaciones con las que trabaja el departamento de Carreteras del Consell de Mallorca, según ha señalado su director insular, Ernesto Santamaría. De momento, los tres tramos que ya han salido a información pública –los correspondientes a la parte del segundo cinturón ya existente– afectan a 127 propiedades.
El último tramo que ha salido a información pública es el primero del recorrido, entre la autopista del aeropuerto y las instalaciones de la Compañía Logística de Hidrocarburos.
En este recorrido de aproximadamente 1,2 kilómetros aparecen 50 propiedades afectadas por las expropiaciones previstas, algunas de ellas de empresas como la citada CLH o Mercapalma, además de un elevado número de particulares.
En cualquier caso, Ernesto Santamaría manifestó que se trata de una parte de la Vía Conectora que se caracteriza por la gran cantidad de pequeñas propiedades existentes. Hay que recordar que este eje, una vez se prolongue el segundo cinturón de Palma ya existente, tendrá una longitud de unos 14 kilómetros.
Además, en el tramo que va desde la carretera de Inca hasta Son Ferriol la cifra de propiedades afectadas por las expropiaciones se sitúa en 43, mientras que entre Son Ferriol y Son Llàtzer se han contabilizado 34.
Tramo más conflictivo
Y queda pendiente de determinar la parte del trazado más conflictiva, como es la existente entre la carretera de Inca y la de Sóller, por tratarse en su mayor parte de nueva construcción –al no existir todavía ninguna carretera en esa parte–, y la que recorre el Camí dels Reis, por cuando en este último caso se afecta a un número apreciable de viviendas, muchas de ellas ocupadas por personas de elevada edad.
Según los vecinos afectados, unas 15 familias podrían perder sus residencias si se mantienen los planes iniciales del actual equipo de Carreteras de la institución insular.
El trámite de información pública que ahora se está desarrollando tiene como objetivo el que los afectados por la correspondiente ocupación de terrenos puedan presentar alegaciones sobre cualquier error que se pueda apreciar respecto a la propiedad de los terrenos, como puede ser el que se hayan vendido y se haya dado un cambio de titular.
Aunque el Consell de Mallorca todavía no tiene determinado con exactitud el número de afectados por estas expropiaciones, el presupuesto que se ha asignado para pagarlas es de unos 15 millones de euros, sobre un coste total del proyecto de 157 millones.
