La orden del juez de obligar a Catalina Julve a presentarse cada quince días en el juzgado ha motivado una discusión jurídica sobre si esta decisión es, o no, una medida cautelar. Y todas las fuentes jurídicas de solvencia, consultadas ayer por este periódico, coinciden en que cualquier decisión judicial que suponga una limitación de movimientos debe considerarse siempre como una medida cautelar, aunque sea de carácter leve, como sería este caso. Estas fuentes recuerdan que en la práctica diaria en los juzgados de Palma esta orden no se impone, en ningún modo, a todos los imputados que salen en libertad tras declarar ante el juez, incluso aquellos que han sido detenidos.

En el caso de Catalina Julve, que el lunes declaró ante el juez Enrique Morell por su presunta implicación en un caso de corrupción, el magistrado no consideró necesario que entregara el pasaporte para evitar una hipotética huida, pero sí le ordenó que cada quince días se persone en el juzgado. El abogado defensor de la portavoz de UM manifestó al concluir la declaración que el magistrado no había adoptado ninguna medida cautelar, aunque los expertos sostienen lo contrario.

Esta decisión que adoptó el juez fue solicitada por los fiscales Anticorrupción, Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán, que es cierto que en otros casos en los que han intervenido han pedido medidas cautelares mucho más severas, como puede ser una fianza económica o la retirada del pasaporte. El juez aplicó uno de los artículos de la ley de enjuiciamiento criminal, que no le obliga a razonar las causas por las que ordena al imputado presentarse periódicamente. Si hubiera adoptado otras medidas, como podría ser la retirada del pasaporte o una fianza económica, el juez sí tendría que haberlo fundamentado en el auto de libertad.

Todos los juristas coinciden en que en este caso se aplica una medida cautelar leve, pero recuerdan, por ejemplo, que si Catalina Julve incumple la orden del juez y decide no presentarse en el juzgado cada 15 días, se podrían adoptar una decisión mucho más severa.

Los juristas consultados ayer entienden que esta medida la toma el juez porque tiene el temor, aunque sea mínimo, de que el imputado puede evitar la acción de la justicia. Y para evitar esta posible fuga se le obliga a presentarse cada 15 días.

La decisión de adoptar medidas cautelares tiene más consecuencias políticas que jurídicas. Por ejemplo los dos implicados en la operación Cloaca, Riera y Galmés, a los que se les ha retirado el pasaporte, han sido dados de baja como militantes de Unió Mallorquina. Sin embargo, a Catalina Julve, no solo no se le ha dado de baja, sino que ha sido confirmada como portavoz del partido y vicepresidenta.