Los implicados en la operación Mar Blau de supuesta corrupción, entre ellos el ex presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) y ex líder del PP Joan Verger, serán citados por la policía a declarar en los próximos días, según han informado a Efe fuentes cercanas al caso.

Las mismas fuentes han indicado que esta causa, que investiga desde hace dos años el juzgado de instrucción 8 de Palma, se centra en un supuesto amaño en la adjudicación de dos concursos por parte de la APB en Mahón y en Ibiza.

Durante el día de hoy se han registrado la sede de la APB en Palma y las oficinas de la empresa Trapsa, adjudicataria de los concursos, en el puerto de Mahón y en Palma, así como el domicilio en la capital balear de un empleado de Trapsa.

Por el momento no hay más registros programados y, en principio, no se producirán detenciones, ya que los implicados prestarán declaración en la policía en los próximos días.

Los concursos supuestamente amañados se circunscriben a la época en que Verger, ex presidente del PP y del Consell de Mallorca, presidió la Autoridad Portuaria, que coincidió con la pasada legislatura del PP.

Contra Verger ya se abrieron diligencias en 2006 por supuestas irregularidades en la adjudicación del servicio de varada y botadura de los muelles comerciales del puerto de Palma, las cuales fueron finalmente archivadas por la Fiscalía Anticorrupción.

En la operación Mar Blau se investigan dos concursos en Mahón e Ibiza y, en relación a ellos, presuntos delitos cometidos por funcionarios de la Autoridad Portuaria con motivo de su concesión a la empresa Trapsayates.

El de la localidad menorquina investiga las irregularidades denunciadas por el anterior presidente del Club Marítimo de Mahón, Luis Barca Mir, en la adjudicación del concurso para explotar los amarres del muelle de Levante en el puerto de Mahón.

En el caso de Ibiza, se trata de irregularidades en los procedimientos para adjudicar otro concurso.

En concreto, los delitos en los que podrían haber incurrido los trabajadores de la APB serían los de cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, alteración de precios en concursos y subasta pública, estafa y otros.