Al igual que el catedrático Oliver Araujo, el jurista menorquín Josep Maria Quintana califica el estado de alarma como "el más ligero" frente a los otros dos posibles, el estado de excepción y el de sitio, y avala su declaración "sensata, de autoridad y ajustada a la Constitución".
"Solo afecta a las personas que trabajan en las torres de control de los aeropuertos, en el sentido que a partir de ahora están regidas por la autoridad militar competente del Ejército del Aire", señala este experto en el Estatuto de Autonomía de Balears, que enmendó con éxito varios artículos en su redacción inicial, a principios de los años 80.
Quintana cree que el Gobierno ha actuado "conforme a Derecho", puesto que "lo que estaba haciendo esta gente [los controladores] no tiene nada que ver con una huelga; ellos hacían un boicot mirando exclusivamente por sus intereses".
Según este licenciado en Derecho, y pese a matizar que no es "experto en Constitucional", la declaración del estado de alarma no conlleva ninguna consecuencia sobre los ciudadanos, "al contrario, nos beneficia a todos" porque ha supuesto la vuelta a la normalidad, al menos por ahora, en el tráfico aéreo, sostiene.
Atrapados en las islas
Quintana recuerda que es la primera vez en la historia de España que sucede algo así, pero en absoluto considera que ello provoque temor entre la ciudadanía: "Lo que de verdad crea alarma es que todos los que vivimos en una isla, como nosotros en Menorca, o ustedes los mallorquines, tengamos que estar más de un día sin comunicación aérea". Amante de la cultura, Quintana apunta que por poco no tuvieron que suspender una ópera en la isla vecina al quedarse el traductor sin poder viajar. "Es solo un ejemplo, pero ha habido casos en que este boicot salvaje de los controladores ha producido mucho daño a la gente. Lo que han hecho es una cosa muy grave, se han puesto –como se dice popularmente– el país por montera, y eso requería una respuesta firme por parte del Gobierno".
