El grande no paga, pero es el pequeño el que se arruina. La crisis golpea a las mayores empresas con directos a la mandíbula de las pequeñas compañías y autónomos que para ellas trabajan. Es el efecto más perverso de una recesión que ha convertido la morosidad y una Ley Concursal pensada para tiempos de bonanza en catalizadores de la avalancha de quiebras que se inició en 2008. Porque desde que la economía empezó a resquebrajarse en Mallorca, las familias y las empresas de menos de dos millones de facturación concentran el 84% de las declaraciones de quiebra, según el Instituto Nacional de Estadística.

La cadena se rompe así por el eslabón más débil. Lo explican en firmas de abogados especializadas en derecho mercantil y en las propias empresas, que describen un efecto dominó de características diabólicas. "Cuando una empresa importante entra en concurso de acreedores voluntario [la antigua suspensión de pagos] se dota de una escudo protector que paraliza el pago de deudas y suspende ejecuciones de embargos, dándole tiempo al empresario para poner orden en sus cuentas. El problema es que en ese trance la crisis de esa empresa se contagia a sus proveedores, que ven aplazado el cobro, se ahogan por falta de liquidez y no pueden pagar, por lo que a su vez entran en una situación delicada y quizá en otro concurso de acreedores que afectará también a otras empresas. Es una reacción en cadena", aclara en un esfuerzo por ser didáctico uno de los abogados más destacados de Mallorca en materia de Ley Concursal, Ricardo González Zayas, del despacho Pujol y Zayas, que advierte: "Se está haciendo un uso abusivo de la Ley Concursal".

Su conclusión es compartida por empresarios y juristas. Un pormenorizado análisis técnico del despacho Iure Abogados recuerda que la ley entró en vigor en 2004, cuando España aún era un milagro económico en el que los peones creaban constructoras, los profesores fundaban inmobiliarias y los fruteros abrían hoteles sin que la economía chirriase. Por eso las empresas en concurso de acreedores eran excepción y los juzgados de lo Mercantil funcionaban a marchas forzadas, pero funcionaban. En 2008 ese escenario saltó por los aires. Las suspensiones de pagos se dispararon por los primeros coletazos de la crisis y se multiplicaron durante 2009 por el efecto dominó ya descrito y por otra de sus consecuencias: la acumulación de casos en los juzgados, que significa lentitud. Y lentitud es muerte para empresas sin liquidez ni bancos que se la den.

El ejemplo de Grande

Un ejemplo explica todo esto a la perfección: el de Vicenç Grande y su grupo Drac, un mastodonte económico construido sobre el riesgo excesivo que declaró la mayor suspensión de pagos de la historia de Mallorca en junio de 2008 (solo en el Real Mallorca dejó un agujero que hoy tiene 303 acreedores). El concurso de acreedores evitó que Grande cayese noqueado por una agujero contable desmesurado (900 millones de pasivo) y el aplazamiento judicial de los pagos le ha permitido negociar un trato envidiable: el perdón de hasta el 50% de la deuda de alguna de sus empresas, que tendrán hasta cinco años para pagar. La jugada le vale a Grande para salvar parte de su máquina de hacer dinero, pero por el camino quedan proveedores y empresas que no han tenido tanta suerte. Existían cuando el ex presidente del Mallorca empezó a tambalearse y hoy o son historia o temen serlo pronto.

Como son historia decenas de pymes ejecutadas directamente por el peor pagador de la Mallorca actual: las administraciones públicas. Acosadas por una deuda que nunca pudieron afrontar y estranguladas por la incapacidad del Gobierno central para darles las herramientas para financiarse prometidas hace ya un año, ayuntamientos y Consell han hecho de la morosidad norma. Y como pasa con Grande y otros gigantes concursados, sus impagos son muerte para los pequeños. "Las administraciones públicas tienen gran parte de culpa de los más de 18.000 parados que tenemos en el sector de la construcción. Siempre pagaron mal, pero iban pagando con retraso y sacando nuevas obras públicas. Hoy ni una cosa ni otra. Así que muchas empresas se meten en concurso de acreedores o aprueban EREs (Expedientes de Regulación de Empleo) que les dan un balón de oxígeno, al menos para unos meses", apunta Manuel Gómez, gerente de la Asociación de Constructores de Balears.

La mayoría acaban cerrando

Aunque el tiempo que da la Ley Concursal no suele ser suficiente. Muchos fueron los que se acogieron a ella para ganar un año, en la confianza de que la crisis si iría antes, pero ha acabado el respiro y ahora se asoman al abismo de la desaparición. Lo comprobó Diario de Mallorca, que tuvo acceso a un listado completo con 297 empresas de la isla que entraron en suspensión de pagos en 2008 y 2009. Este periódico contrastó la situación actual de 50 de ellas, y el resultado da que pensar: solo nueve han salido vivas del proceso concursal. La mayoría están en liquidación, aunque las sociedades extintas son más cada día que pasa. Sus teléfonos desaparecen o cambian de usuario y sus dependencias presentan el abandono de quien ya no está.

"Sin antecedentes bancarios"

Pero no todas son negocios perdidos: la Ley Concursal abrió una puerta de salida que muchos empresarios han aprovechado para empezar de nuevo con lo que pudieron salvar de la quema. Uno de ellos es Joan, que acepta contar su historia con una condición: que no se le identifique a él ni a sus empresas. El periódico acepta tras contrastar la desaparición de la compañía original, que ha dejado su sitio a una sociedad nueva a nombre de su hija. "He empezado de nuevo sin antecedentes bancarios", cuenta ácido, aún indignado con los bancos. "Si hoy cualquier empresario es para los bancos un apestado, si entras en concurso directamente estás muerto. No me dejaban seguir. No aceptaban refinanciarme a condiciones razonables. Dejaron de valerles las garantías de siempre y me pedían avales de mi mujer, de mi familia. Evidentemente, no acepté sacrificar el trabajo de toda una vida. Liquidé la empresa y me llevé la única alegría de todo esto: por no haber querido refinanciarme, los bancos se han quedado sin cobrar casi nada".

Todo porque Joan, como tantos empresarios, jugó durante años en el límite del fraude fiscal, apuesta arriesgada que le ha permitido salvar gran parte de su patrimonio, a nombre de su mujer y de la hija que ahora aparece como dueña y gestora de su empresa. "No me quedó otro remedio. Con mis proveedores llegué a un acuerdo y sigo trabajando con ellos. Algunos no saben ni que he cambiado de nombre la empresa", relata. Y saca pecho: "He conseguido salvar los tres puestos de trabajo de la gente que siempre estuvo conmigo". Sigue siendo un pez pequeño entre tiburones muy grandes, pero al menos es. Por ahora: Joan sabe que otra cadena de impagos le mandará de nuevo a la lona. Y esta vez, para siempre. "No podré empezar por tercera vez". Vicenç Grande y otros como él, sí.