El PP balear se ha quitado un muerto de encima, dejando a varios de los suyos en la estacada. El partido se niega ahora a pagar la defensa prometida a los alcaldes que fueron juzgados por el llamado caso Caballistas. Esto ha forzado al procurador a dividir la minuta en partes proporcionales y reclamar su cobro individualmente, cansado de que se le adeuden varios miles de euros desde hace casi dos años.
Durante la presidencia de la hoy eurodiputada Rosa Estarás, el PP ofreció a los 12 imputados que militaban en sus filas –entre alcaldes y ediles– ser defendidos gratuitamente por el letrado Rafael Perera, que históricamente ha asistido a los cargos de dicha formación en asuntos judiciales. Siete de los encausados aceptaron el ofrecimiento: Los alcaldes de Llucmajor (Joan C. Jaume); Lloret (Joan Jaume Ramis) y Selva (Joan Rotger); el concejal de Inca Joan Rubert; los ex alcaldes de sa Pobla (Antoni Serra); Santa Margalida (Antoni del Olmo), y Montuïri (Biel Matas). El resto de cargos municipales encausados prefirieron buscarse otros abogados para su defensa, por diversos motivos, desde curarse en salud a que desconfiaban del apoyo de la cúpula del PP en esos momentos.
El caso fue juzgado en diciembre de 2008, y todos los imputados mencionados resultaron absueltos. El procurador que les representó, Miguel Arbona, ha intentado desde entonces cobrar sus servicios, pero el PP se ha negado a pagarle. Como no está dispuesto a quedarse sin cobrar, exige ahora por carta certificada a cada uno de los siete políticos más de 700 euros (IVA aparte), de lo que se deduce que la suma que le adeuda el partido supera los 5.000 euros. En la misiva enviada a los alcaldes y ex alcaldes hace pocos días, el procurador les explica que ha sido el propio gerente del PP balear, cargo que actualmente ocupa Lorenzo García, el que le dijo que debía dirigirse "directamente a los interesados que estuvieron imputados. Así lo hago, requiriéndole a Vd. el pago de la cantidad que le corresponde", prosigue la carta, en tono muy serio.
Miguel Arbona también informa a sus antiguos representados que fue Perera quien le indicó que "el pago se recibiría a través del PP". Sin embargo, "él tampoco ha cobrado hasta ahora ni un céntimo", lo cual el procurador tacha de "injusto", y deja claro que en modo alguno regalará su trabajo a los ´populares´. Asimismo, en la carta emplaza a los alcaldes y ex alcaldes a que le faciliten sus datos fiscales para poder remitirles la factura correspondiente, ya que Arbona exige el pago de manera oficial.
Ninguna gracia a los afectados
Varios de los alcaldes perjudicados ya se han puesto en contacto entre ellos, mostrando su sorpresa e indignación por el trato que les ha dispensado el PP; todavía no han decidido si harán frente a la deuda o por el contrario se plantarán ante el partido para que cumpla con el compromiso adoptado en su día.
La negativa del PP balear a abonar la defensa del caso Caballistas es especialmente surrealista teniendo en cuenta que uno de los deudores es ahora el propio presidente del partido en Mallorca, Joan Rotger. Dicho procedimiento dio pie a un macrojuicio inédito hasta entonces en Mallorca, por un delito imprudente de falsedad en documento oficial, destinado a legalizar una casa ilegal en suelo rústico del ex alcalde de ses Salines.
