Son Espases es el ejemplo más grandilocuente del abandono de la Sanidad pública en manos de las constructoras, tal como ocurrió previamente con el mercado de la energía. La gestión trapisondista de los señores del ladrillo en el negocio inmobiliario presagia el destino de la atención sanitaria. La cantidad a desembolsar es tan astronómica que obliga a exprimir a los propios trabajadores, con argucias como el aparcamiento de pago. El millón de euros así recaudados no sufragará tecnología de vanguardia, sino los intereses del cemento.

En estas circunstancias, la tregua prenavideña acordada por el inflexible Vicenç Thomàs –en estricta aplicación del espíritu preelectoral de la Playa de Palma– no afectará a la parte del león que percibe la constructora. No habrá ni un día de retraso en el abono de una deuda muy por encima de las posibilidades de Mallorca, según admitirá en su día el Govern colapsado por ella.

La precipitación en la mudanza puede dejar a algún enfermo abandonado en Son Dureta, hipótesis poco recomendable, pero la repentina hiperactividad mallorquina sorprende por comparación con la parsimonia que ha llevado a la comunidad valenciana a concederse tres meses para el traslado del hospital de La Fe. Se ha aplicado por una vez el principio de dilatación de las tareas de Peter, donde se establece que si se concede un mes a unos trabajadores para efectuar un traslado, lo cumplimentarán en ese plazo. Si se les conceden tres meses, realizarán la misma tarea en ese lapso. La Sanidad no puede permitirse los retrasos de la Justicia.