Los antiguos propietarios de la empresa Humiclima, una de las empresas españolas más fuertes en el sector de la climatización, reclaman por vía judicial unos 70 millones de euros al grupo Cobra, integrado a su vez en el holding ACS, y que compró sus acciones en marzo del 2006.

Los ex dueños de Humiclima, representados por el abogado Javier Massanet, han interpuesto una querella contra los gestores de Cobra y un auditor, a los que acusan de manipular las cuentas de la sociedad para no tener que hacer un pago aplazado por sus acciones.

El juzgado de instrucción 9 de Palma investiga este caso. Como querellados figuran tres de los principales ejecutivos del Grupo Cobra Balears, así como un experto de una conocida firma de auditorías.

Pago aplazado

Los hechos se remontan a 2006 cuando Martín González, Jaume Payeras y Miguel Seguí, tres veteranos empresarios de Mallorca que, junto a sus familias, poseían el grupo Humiclima, vendieron sus acciones a Atil Cobra. Humiclima, a su vez, estaba participada por las siguientes sociedades de los vendedores: Poltun; Paygros, Majestic Garden y Faseypri.

Según el acuerdo de compraventa, los antiguos dueños recibirían 19 millones de euros en una primera entrega; una segunda suma, fruto del cálculo de una serie de parámetros económicos de la sociedad, como los fondos propios o las deudas; y una tercera partida de pago aplazado, que dependería de los resultados económicos (pérdidas o ganancias) de Humiclima en los ejercicios 2006, 2007 y 2008.

Los querellantes aseguran que no hubo ningún problema con las dos primeras partidas, pero acusan a Cobra de engañarles en el tercer sumando de la operación.

La fórmula matemática para el tercer componente se tenía que calcular multiplicando por diez los beneficios netos anuales del grupo Humiclima en esos tres años y restándole 800.000 euros. El contrato contemplaba que, en caso de pérdidas, el importe del tercer componente podía ser cero.

Pasar cuentas

Precisamente a esa conclusión llegó el grupo Cobra cuando tuvo que presentar cuentas a los vendedores sobre el trienio mencionado.

En la querella se acusa también a la parte compradora de obstaculizar el flujo de información contable a los vendedores, para que éstos pudieran hacer sus cálculos y comprobar si realmente había habido pérdidas o beneficios.

Los querellantes, dado ese déficit de información, no se atreven en su querella a cuantificar la cantidad que se les adeuda, pero en su escrito sí se reseña la cifra de 70 millones de euros como una aproximación de la deuda.

Los querellados habrían manipulado las cuentas simulando pérdidas e inventándose gastos.

La querella enumera distintas partidas y apunta los posibles artificios contables que se habrían empleado para mermar los ingresos y aumentar los gastos de la empresa.

Tanto los querellantes, como los querellados han encargado y aportado distintos informes, dictámenes y auditorías para justificar sus tesis.

La querella responsabiliza a uno de esos auditores, contratado por Cobra, de la presunta manipulación de la contabilidad.