El nuevo Casino de Mallorca ubicado en el complejo comercial y de ocio Porto Pi estará acabado a mediados de febrero y dispondrá de una superficie de 2.700 metros cuadrados divididos en dos plantas. Las licencias de obras y de actividad fueron concedidas a los propietarios del establecimiento por el Ayuntamiento de Palma el pasado 16 de septiembre, a pesar de la oposición de las asociaciones del sector del juego de Baleares.
En un comunicado, la empresa adjudicataria de las obras, Inbisa, ha informado de que disponen de un plazo de tres meses para la ejecución de las obras que incluyen obra civil, instalaciones –climatización, ventilación, electricidad, saneamiento, PCI y saneamiento–, y acabados interiores, esto es, pintura, decoración, iluminación y carpintería de madera, entre otros aspectos.
En la planta baja, que cuenta con 2.300 metros cuadrados, se desarrollará la práctica totalidad del programa de necesidades del Casino, esto es, salas de juego y restaurante, mientras que la primera planta se destinará a los vestuarios, áreas de personal y administración.
Asimismo, Inbisa ha destacado la "ambigüedad aparente de su situación, en el borde entre el Paseo Marítimo y el centro comercial Porto Pi", como una de las características de "mayor interés" del proyecto. También se ha referido al nuevo casino como "una caja de luz" por este mismo rasgo.
Cabe recordar que el pasado 12 de julio, las patronales que agrupan al sector del juego –ASBA, Aesbi y Sareiba– en Balears pidieron al Ayuntamiento de Palma que denegase la licencia al Casino de Mallorca, actualmente ubicado en Calvià, para ser trasladado a Porto Pi, al considerar que en la documentación pública expuesta faltaba "gran parte" de los escritos que integraban el expediente.
Un día después de la concesión del traslado del casino de Calvià a Porto Pi por parte del Consistorio palmesano, esto es, el pasado 17 de septiembre, estas mismas asociaciones denunciaban no haber recibido ni notificación del permiso de instalación, ni la respuesta a las alegaciones presentadas en julio.
En este sentido, las patronales amenazaban que en cuanto recibieran contestación a sus alegaciones, presentarían un recurso judicial contra dicho permiso por considerarlo "ilegal".
