Bartomeu Vicens, uno de los imputados en la presunta trama de corrupción en torno a los solares de Can Domenge, enajenados por el anterior Consell de Mallorca de Unió Mallorquina (UM), ha recurrido el auto donde se avanza hacia el juicio oral contra él. Vicens, defendido por Eduardo Valdivia y Jaume Campaner, alega que él era conseller no electo y no participó en los plenos donde se aprobó la desafectación y la adjudicación de los terrenos de Can Domenge.

La juez de instrucción 12 de Palma dictó el pasado jueves un auto previo a la apertura de juicio oral contra Vicens; la ex presidenta del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar; los también ex consellers Miquel Nadal y Miquel Àngel Flaquer.

A todos esos ex líderes de UM, y al empresario catalán Román Sanahuja y su antiguo número 2 en Sacresa, Mario Sanz Bernal, la fiscalía anticorrupción les imputa los delitos de malversación, prevaricación, tráfico de información privilegiada y malversación de 30 millones de euros.

No ha habido perjuicio

Vicens, que se halla en prisión por un delito de malversación y otro de prevaricación, rechaza haber cometido ninguno de los hechos que le imputa la fiscalía. Respecto a su papel en el expediente para redactar las cláusulas del concurso y adjudicar los terrenos a la UTE ganadora (Sacresa-Ferrá Tur), el ex conseller de Territorio del Consell sostiene que fue mínimo.

"Fue el pleno del Consell, con votos a favor del Partido Popular (PP) y UM, no nuestro representado que no era miembro electo, quien aprobó los acuerdos que se pretenden presentar como delictivos", razona el recurso. Vicens también asegura que el Consell no ha sufrido perjuicio alguno al haber anulado el contrato con la UTE Sacresa-Ferratur.