Los informes de la Policía Judicial de la Guardia Civil aportados al sumario del caso Palma Arena y en los que se basó el juez José Castro para autorizar, a finales de octubre del 2009, las escuchas telefónicas de Jaume Matas, su esposa Maite Areal, su cuñado Fernando Areal y su amigo, y presunto testaferro Bartolomé Reus, apuntaban a que el ex president del Govern podía haber incrementado considerablemente su patrimonio con dinero negro procedente de sobornos o cohechos. Ese presunto blanqueo de capitales habría ido destinado a la compra de muebles de lujo, joyas, relojes, obras de arte y al equipamiento en general de sus casas: la de la calle San Felio de Palma (el palacete) y la de Don Ramón de la Cruz, de Madrid.
Matas también era sospechoso, hace un año, de intentar blanquear parte del dinero a través de rentas de alquiler no declaradas al Fisco, un hecho que, finalmente, él admitió. Las escuchas se prolongaron hasta el día en que Matas empezó sus declaraciones por el caso Palma Arena ante el juez Castro, en marzo de este año.
