Jesús Rubí, director adjunto de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), señaló que "tanto si se ha producido una vulneración del deber de secreto profesional como si se ha dado una cesión ilícita de datos, estaríamos en ambos casos ante infracciones muy graves".
El responsable de la AEPD entraba así en la polémica cesión de un listado de pacientes ingresados en el hospital de Inca al Partido popular de este municipio para realizar visitas de cortesía a los enfermos con claros fines electoralistas.
Sobre las posibles sanciones que podrían acarrear estas prácticas irregulares destapadas por DIARIO de MALLORCA, Rubí explicó que, en caso de que esta filtración se hubiera producido en un hospital privado, se podría sancionar a este centro sanitario con multas que podrían oscilar desde los 300.000 hasta los 600.000 euros.
Como el caso que nos ocupa ha tenido lugar en un centro público, incialmente no se contemplan sanciones económicas. Pero ello no es óbice para que se abra una investigación sobre la idoneidad de las medidas de seguridad del centro sanitario. Si se detectarán irregularidades en este campo, la Administración estaría obligada a subsanarlas.
"No obstante, si se determina que el fallo no procede de la organización informática sino de algún empleado en concreto, se tendrían que adoptar medidas disciplinarias contra el responsable que están contempladas en el régimen estatutario de los empleados públicos", explicó Jesús Rubí, que matizó que otra cosa sería que uno de los pacientes afectados por la relevación de sus datos quisiera interponer una denuncia recurriendo a la vía penal.
"Lo que está claro es que se debe controlar que la persona o personas que tienen acceso a esos datos utilicen esa información para lo que deben y no filtrarlas a terceros", concluyó el presidente adjunto de la AEPD.
