La juez de instrucción 12 de Palma reprocha a Maria Antònia Munar, la ex presidenta del anterior Consell de Mallorca, y al resto de la cúpula de esa institución, que no sacara a subasta los solares urbanizables de Can Domenge en vez de enajenarlos en un concurso y por la mitad de su valor de mercado. Munar, defendida por los abogados Gabriel Garcías y José María Alonso, anunció ayer que recurrirá el auto donde, entre otros delitos, se le acusa de defraudar 30 millones al Consell de Mallorca.
El auto es el primer paso para que Munar se siente en el banquillo de los acusados por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude a la Administración, y suministro de información privilegiada. Junto a ella también serán enjuiciados Miquel Nadal, ex vicepresidente del anterior Consell; Bartomeu Vicens, ex conseller de Territorio; Miquel Àngel Flaquer, ex presidente de UM; Román Sanahuja Pons, el patriarca de la familia Sanahuja, propietaria de Sacresa; Santiago Fiol, abogado local de esa empresa catalana; y Mario Bernal Sanz, el principal ejecutivo de Sacresa entre 2005 y 2006.
La instructora, en su largo y trabajado auto, analiza si las fincas de Can Domenge formaban parte del patrimonio local del suelo. La conclusión es negativa, puesto que la institución nunca hizo un acto expreso en dicho sentido.
De acuerdo con la legislación los terrenos públicos, en caso de no ser patrimonio local del suelo, tenían que haber sido enajenados por el Consell "mediante subasta" o, excepcionalmente, y siempre que el precio no fuese el único criterio determinante, a través de un concurso, postula la instructora.
El auto acusa a Munar y a su plana mayor en el Consell de obviar el sistema de subasta, que habría permitido a la institución obtener una suma mucho mayor por unas parcelas de gran valor urbanístico en aquellos años.
Los imputados, tras concertarse, presuntamente, con la empresa catalana Sacresa para venderle las fincas a la mitad de su precio de mercado, se esforzaron en fabricar un expediente a la medida de dicha promotora. Por ello pusieron como justificación para el concurso la excusa de que el proyecto ganador sería emblemático para Mallorca, con lo que el precio dejaba de ser el elemento principal.
La magistrada valora todas esas maquinaciones como constitutivas de los delitos de prevaricación, malversación, y uso de información privilegiada y mantiene la imputación contra 7 personas.
