La jueza de instrucción número 12 de Palma abrió ayer juicio oral, dictó un auto de procedimiento abreviado, contra Maria Antònia Munar y el resto de la cúpula del anterior Consell de Mallorca regido por Unió Mallorquina (UM) por vender a 30 millones de euros dos solares urbanizables que a, precios de mercado, valían el doble. La magistrada en la misma resolución exculpa a técnicos y altos cargos de la institución; a los hijos, un ejecutivo y el socio mallorquín de la constructora catalana Sacresa; y al ex portavoz del PP en el Consell, Fernando Rubio.
La magistrada dio ayer el primer paso para que Munar, defendida por Gabriel Garcías, se siente en el banquillo de los acusados por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude a la Administración, y suministro y uso de información privilegiada. Junto a ella también serán enjuiciados Miquel Nadal, defendido por Josep Zaforteza, y ex vicepresidente del anterior Consell; Bartomeu Vicens, ex conseller de Territorio y representado por Eduardo Valdivia y Jaume Campaner; Miquel Àngel Flaquer, ex presidente de UM, antiguo conseller de Hacienda y defendido por Gaspar Oliver; Román Sanahuja Pons, el patriarca de la familia Sanahuja, propietaria de Sacresa; Santiago Fiol, abogado local de la empresa catalana, defendido por José Ignacio Herrero; y Mario Bernal Sanz, el principal ejecutivo de Sacresa entre 2005 y 2006, hoy desvinculado de la promotora.
Los exculpados son: Joan María Pujals Vallvè, ex conseller en la Generalitat de Catalunya y ejecutivo de Sacresa en la época de autos; Pedro Francisco Ferrá Tur, el socio local minoritario de Sacresa y representado por el Bufete Buades; Fernando Rubio, portavoz del PP en el anterior Consell y cuyo letrado es Rafael Perera; Mariano Gual de Torrellá, técnico del Consell; y los hijos de Román Sanahuja, Juan Manuel, Javier, Román y Ricardo Sanahuja Escofet.
Posibles recursos
El auto dictado ayer es recurrible en reforma ante la juez y, en apelación ante la Audiencia. Sin embargo, lo habitual es que la instructora dé el siguiente paso y abra juicio oral, tras los escritos de acusaciones de la fiscalía anticorrupción y el empresario catalán Josep Lluís Núñez i Navarro. Este promotor participó en 2006 en el concurso convocado por el Consell para enajenar las dos fincas y ofreció, ya desde el principio, 60 millones de euros por las parcelas. El empresario formuló la querella
El auto judicial resalta, entre los numerosos indicios existentes contra el supuesto entramado de corrupción, el hecho de que el Consell pusiera un precio máximo de 30 millones por las parcelas, pese a que su valor de mercado rondaba el doble.
La tesis de la magistrada es que Munar, Nadal, Flaquer y Vicens se pusieron de acuerdo con los gestores y dueños de Sacresa para adjudicarles a ellos las dos fincas por la mitad de su valor y mediante el suministro, desde casi un año antes de la publicación del concurso, el 1 de enero de 2006, de información privilegiada sobre la operación.
Esta es la segunda causa por presunta corrupción que lleva a Munar al banquillo de los acusados. Hace unas semanas se abrió juicio contra ella por una pieza separada del caso Ibatur.
