La inmensa mayoría de los ayuntamientos de Balears está teniendo "problemas muy serios" para cobrar las multas que se aplican a conductores que no son de su término municipal, a causa del ´castigo´ que les ha aplicado la Dirección General de Tráfico por no descontar puntos del carné de conducir, según reconoce el presidente de la Federación de Entidades Locales de Balears (Felib), Joan Ferrà.

En concreto, este departamento estatal está denegando a los municipios que no colaboran cualquier información sobre los vehículos y sus titulares, lo que hace muy difícil que los consistorios puedan localizar a un conductor que no pertenezca a su municipio y bloquea el cobro de las multas a este tipo de infractores. Según admite Ferrà, eso hace extremadamente difícil que se puedan cobrar buena parte de las sanciones que las policías locales imponen, con el correspondiente perjuicio económico.

Esta medida se aplica en toda España ante el agotamiento de los responsables de Tráfico en su constante demanda de que los consistorios firmen el convenio para la retirada de puntos a aquellos conductores que comentan infracciones en los viales urbanos.

Y prueba de esta falta de colaboración entre estas administraciones es que sólo siete ayuntamientos del archipiélago han suscrito ese acuerdo pese a que dicho sistema entró en vigor en 2006.

Según la información remitida en una respuesta al Congreso de los Diputados y facilitada por Automovilistas Europeos Asociados (AEA), en julio de este año únicamente estaban descontando puntos los municipios isleños de Palma, Inca, Alcúdia, Binissalem, Maó, Ciutadella y Eivissa, mientras que los restantes 60 seguían sin estar conectados a la red informática de la Dirección General de Tráfico, entre ellos Calvià o Manacor.

Fuentes del ministerio de Interior destacaron la injusticia que supone el que una infracción cometida en Palma o en Alcúdia conlleve una pérdida de puntos, y que el mismo incidente registrado en Calvià no implique esa misma penalización, de ahí que finalmente se haya optado por aplicar medidas de presión, tras mantener las correspondientes reuniones con los representantes municipales.

El presidente de la Felib admite que los argumentos de Tráfico son válidos, pero subraya la enorme dificultad que los municipios medianos y pequeños tienen a la hora de suscribir el convenio que se les reclama, al no contar con las plataformas informáticas necesarias.

Joan Ferrà reconoce la injusticia que supone el que una misma infracción sea penalizada con diferente criterio dependiendo del núcleo urbano en el que se cometa, pero considera que Tráfico también debería ser consciente de la escasez de medios con que los consistorios pequeños se ven obligados a trabajar.

El presidente de la Felib manifiesta que está siendo enormemente difícil completar la implantación de la Administración electrónica, por la falta de una plataforma informática. "A los ayuntamientos nos interesa muchísimo completar este proyecto –asegura–, porque además de garantizarnos el cobro de las multas, nos permitiría ofrecer al ciudadanos la posibilidad de realizar trámites de una forma mucho más ágil y sin colas".

Ferrà afirma que para alcanzar este fin se ha estado trabajando de una forma muy intensa durante los dos últimos años con la conselleria de Innovación y con los consells insulars, pero no oculta que durante los últimos meses se ha registrado un "parón", que en parte achaca a los problemas presupuestarios que están afectando al conjunto de las Administraciones públicas.

El presidente de la Felib recuerda además que la inmensa mayoría de los municipios de Balears no superan los 10.000 habitantes, lo que hace que esa falta de medios tenga un carácter generalizado, pero reconoce que es más difícil de justificar que otros como Calvià, Manacor, Marratxí o Llucmajor no hayan suscrito el citado convenio.