No podía ser de otra manera. Isabel Pantoja y María Antònia Munar recibieron el mismo día sus respectivos autos de apertura de juicio oral. En ambos casos, el poder simbólico de las procesadas desborda las acciones criminales emprendidas contra ellas. Por tanto, es difícil ceñir las acusaciones contra la expresidenta de Mallorca y del Parlament a su persona, sin extender la mancha al partido que controló férreamente –UM– y a los socios –PP y PSOE– que derramaron generosamente sobre Munar los euros que se le acusa de desviar a sus empresas.
En el día de autos, la turba congregada en torno a la Pantoja deseaba enviarla sin más trámites a la prisión de Alhaurín. Las peticiones de pena contra Munar y sus correligionarios exigirían también, de sustanciarse, la ampliación del ala de políticos presos –aunque ellos prefieren denominarse presos políticos– de la cárcel de Palma.
El caso Video U permite atisbar el funcionamiento a gran escala de UM y, por extensión, de la política mallorquina. Durante la instrucción, el juez se ha escandalizado de la decisión de colocar a figurones sin conocimientos periodísticos al frente de televisiones públicas. El Pacto de Progreso nunca cometería un error semejante, ¿o sí?
