Maria Antònia Munar no ha conseguido convencer a la juez de instrucción 12 de Palma de que no tuvo nada que ver con el expediente para vender los dos solares de Can Domenge, propiedad del anterior Consell de Mallorca, a la mitad de precio de su valor de mercado, unos 60 millones de euros. Por el contrario, Munar, ocupó supuestamente un papel capital en el supuesto entramado de corrupción.
Fiscalía anticorrupción y los abogados del ex presidente del Barça, y promotor catalán, Josep Lluís Núñez i Navarro, postulan que la venta en 2006 de las dos fincas urbanizables de Can Domenge obedeció a un premeditado plan entre la cúpula del Consell de Mallorca, gobernado por UM, y los dueños y altos ejecutivos de Sacresa. Esta tesis es asumida íntegramente por la juez.
La magistrada recuerda que "Maria Antònia Munar era presidenta del Consell de Mallorca y fue quien eligió a los miembros del Consell Executiu y al vicepresidente del Consell, de tal modo que ella designó a las personas (los imputados Nadal, Vicens y Flaquer) que tuvieron actuación material, personal y directa en las negociaciones fraudulentas (con Sacresa)". El auto insiste en el poder y control que Munar tenía en aquella época: "Además era la presidenta del partido (UM) al que pertenecían todos los citados". La conclusión de la instructora es clara y contundente: "No es lógico pensar que todo el entramado, plan y negociaciones (con la empresa catalana Sacresa) se hicieran a espaldas de Maria Antònia Munar por las personas que eran de su confianza".
La juez presume que toda la cúpula del anterior Consell se concertó con Sacresa para venderle las fincas por 30 millones de euros, "un precio inferior en 30 millones de euros aproximadamente de su valor de mercado". Los solares estaban destinados a "construir viviendas de precio libre, con la correspondiente previsión de beneficios para la empresa adquiriente" . El efecto más palpable de la trama fue que "el Consell de Mallorca dejó de ganar unos 30 millones de euros sin justificación legítima suficiente". Paradójicamente, la intención oficial de la enajenación era conseguir dinero para múltiples proyectos del Consell.
Munar –pese a sus alegaciones de que se mantuvo al margen, de que cuando se aprobó el concurso estaba ausente del Consell por enfermedad y de que fue el pleno quien tomó las decisiones claves sobre la adjudicación– se reunió en varias ocasiones con sus consellers ejecutivos para ese asunto.
El auto acusa a Nadal de facilitar información privilegiada a la empresa catalana sobre la operación desde finales de 2004, un año antes de convocarse el concurso, en plenas Navidades de 2005. Santiago Fiol, hermano del dirigente del PP Francesc Fiol, fue contratado por Sacresa para recabar esa información y como contacto con Nadal, según el auto previo a la apertura de juicio oral.
En el sumario obran declaraciones de altos funcionarios sobre el especial interés que los consellers Nadal y Flaquer pusieron en que el precio de licitación de los solares no superara los 30 millones de euros; documentos internos y correos electrónicos de Sacresa; borradores de los pliegos de cláusulas del concurso; facturas, y otros indicios sobre el presunto entramado.
La interventora del Consell puso objeciones a los políticos cuando estos, según opina la juez, pretendían incluir en el concurso ofertas inferiores al precio de licitación. La funcionaria, en un episodio insólito, recibió la visita en su despacho del vicepresidente Nadal y del conseller Flaquer, molestos por sus pegas. Fiscalía anticorrupción y Cristóbal Martel, abogado de Núñez i Navarro, solo discrepaban a la hora de acusar a Mario Sanz Bernal, un ex alto ejecutivo de Sacresa. La juez se ha inclinado por llevarlo a juicio.
