El auto judicial que vuelve a sentar en el banquillo a Maria Antònia Munar, y van dos, sitúa a la cárcel como un futurible de perfiles acentuados en la carrera política de la presidenta de Mallorca y del Parlament. Su libertad es cada día más condicional, pero en Can Domenge no podrá quejarse de que no se lo advirtieron. El pormenorizado relato de la jueza Carmen González –tan apasionado que la autora se siente obligada a explicar por duplicado que no ha alumbrado una sentencia– se limita a documentar el notorio escándalo del regalo navideño a mitad de precio de un privilegiado solar palmesano. El obsequio fue materializado por el Consell Insular en manos del PP, que acataba órdenes de UM. La malsana operación fue denunciada prolijamente. La política todopoderosa se limitó a doblar el plazo de presentación de concursantes, cuando este diario desveló que convocaba el tres de enero al suculento negocio urbanístico, adjudicado de antemano.

La prepotencia de Munar, amparada en la impunidad que le proporcionaba el Govern Matas, se salda con una ristra de tres presidentes consecutivos de UM en el banquillo. No hace falta recurrir a la Ley de Partidos Políticos para contemplar la disolución de esa formación como una medida higiénica. El partido del nacionalismo golfista –Son Bosc va después de Can Domenge– barajó una muda de siglas, cuando esas dos mayúsculas constituyen su único patrimonio no contaminado ni contaminante.

Después de tres años de investigación judicial, Can Domenge sigue en el día uno, la venta por treinta millones de euros –y se intentó que fueran solo veinte– de un solar que valía sesenta. En ese fenomenal vaciado habrían intervenido Nadal, Vicens y Flaquer, pero ningún observador de la vida pública en 2005 puede imaginar siquiera que actuaran sin consentimiento de su dueña. Será curioso contemplar si mantienen en el banquillo la solidaridad que definía a UM como engrasada maquinaria recaudatoria.

En el listado de aquiescentes no imputados en Can Domenge, sobresalen los 16 entusiastas consellers insulares del PP, que aprobaron el escándalo con su voto. Si su papel solo es testimonial, ¿a cambio de qué cobraban unos emolumentos nada despreciables? En cambio, pueden alegar que los manejos que presenciaban en el Consell eran superados por su propio partido en el Govern, por lo que no consideraron imprescindible una excesiva indignación.

La Justicia ha hecho asimismo abstracción –en éste y otros ejemplos de corrupción– de los funcionarios que participaron en la digestión de los manejos. Sin embargo, el contribuyente tiene derecho a admirarse de los numerosos peritos autonómicos o insulares faltos de coraje para interrumpir una operación apestosa desde su gestación, y plasmada en un "expediente administrativo que conculcaba diversas normas". Si carecen de medios para frenar los excesos de los políticos, ¿a cambio de qué se les abonan sueldos generosos por una actividad nada fatigosa? Su desaparición supondría al menos un alivio económico.

Una vez aclarada la presunta malversación de 30 millones, los ciudadanos se ven obligados a creer que la operación se saldó sin contraprestación económica para los conjurados. Aceptar el altruismo del Consell Inmobiliario hacia la constructora Sacresa exige mayor caudal de ingenuidad que el concurso mentiroso, y es una afrenta insufrible para los imputados. Al respecto, no estaría de más que la caja de ahorros señalada explicara por qué en los avales "es importante destacar que conviene que la entidad sea la citada". ¿Dónde está el dinero? Las penas con pan son menos, como saben algunos ilustres residentes de la prisión de Palma.

El auto escapa a la sacrosanta asepsia jurídica cuando ironiza que, en Can Domenge, "las viviendas serían compradas por ciudadanos con suficiente capacidad económica, y la ciudadanía en general de la isla de Mallorca podría aspirar como máximo disfrute a ver desde fuera unas casas de otros con un bonito diseño". Si los corruptos han conseguido irritar a los impávidos jueces mallorquines, no todo está perdido. Ahora bien, presuponer que a UM le preocupa "la isla de Mallorca" es probablemente el único exceso dialéctico del escrito que será rubricado por una nueva petición de cárcel para Munar.