El precio no solía ser un problema para los dirigentes del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) durante la etapa de Jaume Matas al frente del Govern. Lo constata la Agencia Tributaria, que en un informe elaborado para el juzgado que investiga las irregularidades cometidas en el Ibatur detalla cómo se llegaron a pagar 11.595 euros por escanear e imprimir 126 folios. Fueron así 92 euros por cada página puesta en papel por la compañía Aires de Llevant, una cifra "totalmente desproporcionada" a juicio de los inspectores de Hacienda que se convirtió en tarifa de referencia para otros encargos similares.

Prueba de ello son los dos contratos para hacer lo mismo, la "impresión y manipulación de la Memoria 2005 de Ibatur" (uno de 11.600 euros y otro un mes después de 6.910 euros), que se le encargaron a una empresa de nombre distinto e idéntico dueño: Centro de Comunicación Creativa, firma que como Aires de Llevant tenía a los mismos socios de referencia. Imprimir la Memoria 2005 de Ibatur costó así 18.510 euros en total, que dejan una factura total de impresión de 30.105 euros a cargo de dos de las empresas amigas de Ibatur en tiempos del PP.

Tan amigas que llegaron a tener al Govern Matas y, concretamente, al propio Ibatur como único cliente durante un año. En ese tiempo Aires de Llevant y su firma gemela Comunicación Creativa se embolsaron 140.509 euros públicos gracias a doce encargos para hacer fotografías. Todos los contratos tenían en común dos rasgos: la firma del director gerente de Ibatur en aquellos tiempos, el imputado Raimundo Alabern; y un límite que nunca se llegaba a rebasar, los 12.000 euros que marcan la frontera entre la adjudicación a dedo y la necesidad de convocar un concurso para entregar el contrato público.

"Fraude y malversación"

Abundan así las facturas de encargos fotográficos por valores tan rayanos con la citada frontera del encargo a dedo a la empresa amiga como 11.999 ó 11.970 euros. La repetición de ese patrón es tal que lleva a la Agencia Tributaria a certificar en su informe que esos contratos dirigidos son "un fraude a la Administración Pública y una malversación de caudales públicos". Por no hablar a de cuestiones más subjetivas como la acusada desproporción entre el precio y el servicio prestado: Ibatur recibía a cambio de cada encargo fotográfico de 12.000 euros 21 fotografías, es decir, 600 euros por instantánea. Y no es que fueran imágenes de premio, según documentan los propios inspectores de Hacienda, que indican que es posible obtener "fácilmente en Internet fotografías idénticas".

Y si ni los precios ni la calidad del servicio pagado con dinero público eran importantes para el Govern, aún menos lo eran las facturas. También da pruebas de ello la Agencia Tributaria, que ha descubierto facturas con fecha un año anterior a que el Ibatur aprobase el gasto. Primero se pagaba y después se inventaba un motivo para ese pago. Así se hacía con las citadas fotografías, tomadas y facturadas por 12.000 euros antes siquiera de que Ibatur las pidiera.