Hay pocas personas que se atreven a defender en estos momentos el proyecto que en su momento iba a ser la obra estrella de la última etapa política del Govern Matas. Al contrario, casi todos coinciden en que el Palma Arena fue una chapuza, cara y mal hecha, como refleja el ascensor que se dejó en medio de una pista sin construir y que no te lleva a ninguna parte.

Mañana se cumple el primer aniversario desde que explotó el mayor escándalo de corrupción del Govern Matas, que ha llevado incluso al ex president a declarar ante un juez y a pagar una fianza de tres millones de euros para no terminar en prisión.

Antes de que se produjeran las primeras detenciones la Policía llevaba meses investigando la documentación de todo el proceso de construcción de esta obra, que se terminó demasiado deprisa para albergar la celebración de un campeonato del mundo de ciclismo. En la primera fase de la operación se detuvo a personas de la máxima confianza de Matas, como podría ser el ex director general de Deportes, Pepote Ballester, el gerente del proyecto, Jorge Moisés, o quien ocupó el cargo de presidente del consorcio que se creó para realizar el proyecto, Rafel Durán, quien además en ese momento ocupaba el cargo de portavoz del PP en el ayuntamiento de Palma. También se detuvo al propietario de la empresa de publicidad que, entre otros proyectos, realizó la campaña electoral del PP.

La Policía no tuvo que profundizar mucho en la documentación para confirmar lo que era obvio, que el proceso de construcción del Palma Arena fue un auténtico escándalo y que demostraba que a las personas que colocó el ex president Matas para que gestionaran la construcción del velódromo no les importó despilfarrar el dinero público.

La pregunta que todo el mundo se hacía era obvia: ¿A dónde fueron a parar los 50 millones del sobrecoste de la obra? Fue el juez Castro, con el apoyo de la fiscalía Anticorrupción, el encargado de dar una respuesta a esta pregunta. Un año después aún no se sabe quién pudo quedarse con el dinero, pero el juez ha descubierto un sinfín de irregularidades y falsificaciones que se cometieron durante el proceso de construcción.

El proyecto del Palma Arena fue una decisión casi personal de Jaume Matas, que implicó al Govern, al ayuntamiento de Palma y al Consell Insular. No se tomaba ninguna decisión importante sin que él lo ordenara, como fue el despido del primer arquitecto que diseñó el velódromo y la contratación de los hermanos García Ruiz para que se hicieran cargo del aspecto técnico del proyecto. Rafel Durán, el presidente del Consorcio, llegó a reconocer que ni siquiera leyó al firmar el contrato que establecía las condiciones de la escandalosa contratación de los dos hermanos arquitectos, a los que se les dio casi nueve millones de euros para que siguieran con el proyecto. El presidente del Consorcio llegó a reconocer que actuó como una figura decorativa, ya que quién tomaba las decisiones era Matas y sus órdenes se cumplían a través del director general de Deportes, Pepote Ballester, persona sin apenas estudios pero a la que se le eligió para que sacara adelante el proyecto más valioso de la legislatura.

La explosión del escándalo del Palma Arena fue noticia a nivel nacional. No había telediario que no abriera el informativo con el escándalo, que se agudizó al aparecer las imágenes de los políticos esposados cuando eran presentados ante el juez. El PP nacional denunció una persecución contra el partido y el ministro de Rubalcaba tuvo que pedir disculpas. El ministro llegó a decir que había ordenado que a los detenidos no se les llevara esposados, pero la orden no se cumplió.

Durante las siguientes semanas declararon más de 50 personas, casi todas como imputadas, pero el juez no tardó mucho tiempo en llegar hasta el máximo responsable del proyecto. A Matas ya se le estaba investigando por las dudas que rodeaban su patrimonio. Pero el fiscal general del Estado, Conde Pumpido, ordenó a sus subordinados de Palma que detuvieran la investigación. Y el fiscal superior de Balears, Bartomeu Barceló, acató la orden y archivó el caso. Ninguno de los dos quiso ver lo que todo el mundo veía: Matas tenía un millonario patrimonio inmobiliario que no pudo reunir con su sueldo público.

El juez Castro asumió toda la investigación sobre el patrimonio de Matas, que siguió los acontecimientos desde Estados Unidos. El ex president se había mostrado dispuesto a declarar sobre el proceso de construcción del velódromo, pero lo que no esperaba es que tendría que hacerlo también sobre el origen de su fortuna. Y fue así que se descubrió que la familia Matas tenía costumbre de pagar en metálico cantidades al alcance de muy pocas personas. El ex ministro no tuvo demasiados problemas para que un banco le prestara los tres millones de euros de fianza.