Antoni Pascual, ex vicepresidente del Consell de Mallorca y antiguo responsable del área de carreteras de la institución, reconoció que una persona le había avisado de las corruptelas que se estaban cometiendo durante la construcción del tramo de Manacor, pero confesó que no le dio ningún crédito a esta denuncia. El político de Unió Mallorquina declaró ayer como imputado en el llamado caso Peaje, que intenta aclarar las irregularidades cometidas en el proceso de construcción del desdoblamiento de la carretera entre Palma y Manacor, que provocó un desfase económico de unos 20 millones de euros. Pascual está acusado de varios delitos.

El ex vicepresidente del Consell se desmarcó de cualquier irregularidad cometida durante el proceso de construcción del tramo viario y cargó las culpas contra la empresa concesionaria, que se encargó de la obra y del mantenimiento de la carretera. El político de Unió Mallorquina explicó a la jueza que el Consell otorgó la obra a la sociedad Pamasa, y que después se organizó una UTE de empresas para la construcción de los desdoblamientos de la carretera.

Según señalaron fuentes jurídicas, Pascual afirmó que no sabía que el ingeniero de la obra, Francisco Orejudo, construyera una casa en unos terrenos de Ariany, con fondos de la UTE, que convirtió en un centro de interpretación de la cultura asiática. Tampoco sabía, según afirmó ayer, que la constructora había financiado la instalación de una pista de futbito y dos torres de iluminación en la vivienda particular de Gabriel Mestre, el celador del Consell Insular que tenía encomendada la revisión de la obra pública.

A Pascual también se le preguntó sobre la actuación del ex director general de Carreteras, Gonzalo Aguiar, que fue detenido en su propio despacho, acusado de cohecho. El ex vicepresidente del Consell defendió la labor de Aguiar, aunque criticó que hubiera aceptado que la UTE descargara gratuitamente varios camiones de tierra de la obra en la finca particular del ex director general de carreteras.

La mayor parte de la declaración de Pascual, que fue defendido por el abogado Eduardo Valdivia, se dedicó a explicar a la juez los criterios que se siguieron para otorgar la obra pública. Pascual explicó que el Consell Insular de Mallorca no podía intervenir en las decisiones que realizaba la UTE, porque la obra fue concedida a la empresa Pamasa. Señaló también que en este tipo de construcción es habitual un desfase económico.