El ex director gerente del Ibatur, Juan Carlos Alía, ingresó el sábado en la cárcel de Palma, después de prestar declaración ante el juez José Ignacio Lope Sola, quien instruye el presunto desvío de dinero de la conselleria de Turismo. El magistrado ordenó la prisión provisional sin fianza del alto cargo de Jaume Matas al conocer nuevos hechos incriminatorios, en concreto, Alía exigió supuestamente una comisión del 10% por los encargos de su departamento.
La trayectoria profesional de Alía ha girado entre la empresa privada, se formó en el turoperador TUI, y la Administración pública –trabajó en Turismo durante dos etapas, de 1992 y 1997 y entre 2003 y 2004–. Alía protagonizó un primer escándalo cuando cargó al presupuesto económico siete tiques de acceso al club de alterne moscovita Rasputín hace seis años. Su segunda intervención ´desgraciada´ ocurrió el pasado 30 de junio, cuando fue detenido en los calabozos durante 72 horas, junto al resto de la cúpula del Ibatur, por el cobro de unos 30.000 euros mediante contratos supuestamente ilegales adjudicados a la sociedad que compartía con el ex alcalde de Montuïri, Juan Antonio Ramonell, también del PP.
Alía abandonó el 3 de julio el calabozo previo pago de una fianza de 30.000 euros y con aparente entereza –"Hacedme las fotos solo a mí, que no me escondo", dijo–. Sin embargo, el sábado el ex director gerente del Ibatur no pudo contener las lágrimas cuando se le comunicó su traslado al centro penitenciario. Pese a tratarse de fin de semana, la actividad en el juzgado de Vía Alemania fue muy intensa, aunque marcada por un profundo sigilo, hasta el punto de que los medios de comunicación no fueron testigos de lo que allí ocurría.
Lope Sola, del juzgado de instrucción número 2, que indaga este caso denominado operación Pasarela, aprovechó que se encontraba de guardia el sábado para reclamar, por la tarde, la presencia de Juan Carlos Alía, asistido por su abogado Llorenç Salvà. La decisión no era caprichosa. A lo largo de la semana había ordenado el arresto de dos empresarios del ámbito de la publicidad, Guillem Deyà, dueño de Espiral, y Bartolomé Morey, de Centro de Comunicación Creativa, encargado de elaborar los folletos de la promoción turística de Balears, entre otras tareas. La declaración de Bartolomé Morey, que habría atribuido a Alía una serie de actuaciones de indudable gravedad, desencadenó la intervención del juez y el fiscal anticorrupción.
El ex gerente del Ibatur respondió a las preguntas del magistrado y del ministerio Fiscal, que ante los indicios incriminatorios y el riesgo de fuga, solicitó su prisión. La petición fue atendida por Lope Sola y, al anochecer, un coche patrulla recogió al hombre que se hizo famoso a nivel nacional por cargar a la Comunidad Autónoma las entradas del Rasputín.
Cambian las tornas
La operación Pasarela ha dado un giro inesperado para Juan Carlos Alía, que tras la detención del pasado 30 de junio, salió de las dependencias judiciales con la fianza más baja de todos los integrantes de la cúpula del Ibatur en tiempos del PP. Su sucesor, Raimundo Alabern, abonó 350.000 euros y el ex secretario y ex asesor jurídico del organismo público, Miquel Àngel Bonet, desembolsó 250.000 euros. La operación Pasarela estalló con toda crudeza el 29 de junio, con las primeras diez detenciones, después de un año de pesquisas.
