Guillem Deyà, el dueño de la productora audiovisual Espiral, detenido por presunta corrupción, reconoció ayer que todavía no ha cobrado las facturas por la cobertura informativa que realizó de la última campaña electoral del Partido Popular, en 2007. Sin embargo, niega que realizara este trabajo gratis a cambio de los millonarios contratos que suscribió con la empresa Ibatur y con otras conselleries del anterior Govern.

El dueño de la productora confirmó ayer al juez que el Partido Popular aún le debe una factura de 50.000 euros por los gastos de la última campaña del año 2007. Explicó que había intentado cobrar la factura en sucesivas ocasiones y que sólo consiguió que el gerente del Partido Popular le firmara un reconocimiento de deuda por la cantidad que le debía. Sin embargo, a pesar de que ya hace tres años que culminó la campaña electoral, el empresario reconoció que no había ordenado ninguna iniciativa judicial para poder cobrar este dinero. Deyà justificó que no sólo ha realizado trabajos audiovisuales para el Partido Popular, sino también para otras formaciones políticas de las islas, y que tampoco le han pagado todo lo que le debían.

Otro de los contratos millonarios que está analizando el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía y la fiscalía Anticorrupción es uno que suscribió con la antigua conselleria de Inmigración del Govern del PP, que dirigía Encarnación Pastor. Deyà cobró 500.000 euros por realizar documentales sobre los proyectos de cooperación que realizaba la Conselleria, si bien los investigadores creen que las facturas se habrían inflado.

Hasta el momento la Policía ha averiguado que la empresa Espiral, que tiene sus orígenes en una modesta tienda de fotografía de Sóller, recibió más de 25 contrataciones de Ibatur. El contrato más elevado se cifró en un millón de euros a cambio de la cobertura informativa y del montaje de los actos de promoción que el Govern organizó durante una de las ediciones de la feria de Fitur de Madrid. El empresario audivisual, cuyo progreso económico se ha producido de la mano del Partido Popular, niega que el algún momento desde la administración autonómica le exigieran que pagara comisiones, aunque la fiscalía Anticorrupción cree todo lo contrario y sospecha que los políticos le exigían el pago de estas dádivas a cambio de recibir un trato de favor frente a otras empresas que se dedicaban al mismo negocio.

La declaración de Deyà no convenció a los fiscales Joan Carrau y Miguel Ángel Subirán, que solicitaron al juez que fijara una fianza de 100.000 euros a cambio de su puesta en libertad.