04 de julio de 2010
04.07.2010
Pasan a disposición judicial los 5 detenidos de los 13 que ha habido en la primera fase

Fianzas que suman 645.000 euros para cuatro implicados en el Ibatur

El juez dicta prisión eludible para los dos ex altos cargos del PP, el ex secretario de la empresa pública y un proveedor

04.07.2010 | 08:30
RAIMUNDO ALABERNLa caución más alta, 350.000 euros– Al alto cargo del PP que estuvo al frente del Ibatur de 2004 a 2007, tras la dimisión de su antecesor, se le impuso ayer la fianza más alta para eludir la cárcel. En la imagen, Alabern sale del juzgado junto a su letrado Josep Zaforteza (izq.) .

Los cinco principales acusados por la trama corrupta que supuestamente operaba en el Instituto Balear de Turismo (Ibatur) durante el anterior Govern salieron ayer en libertad y con medidas cautelares. Tras interrogar a los altos cargos del PP Juan Carlos Alía y Raimundo Alabern; el ex empleado del Ibatur Miquel Àngel Bonet; y los empresarios Juan Velasco y Kamal Dorai, el juez instructor del caso, Juan Ignacio Lope, dictó prisión eludible con distintas fianzas para los cuatro primeros, que suman un total de 645.000 euros. El magistrado dejó en libertad con cargos al quinto imputado, además de retirarle el pasaporte, trámite que formalizó el propio Dorai a media tarde.
A los acusados se les imputan diversos delitos contra la Hacienda pública, entre los que se encuentran el de malversación, prevaricación, falsedad de documentos oficiales, cohecho y negociaciones prohibidas para funcionarios públicos. Los cuatro implicados disponen ahora de 72 horas para hacer efectiva la entrega del dinero en el juzgado, si pretenden evitar su ingreso temporal en prisión.
El juez impuso la fianza más alta (350.000 euros) al alto cargo del PP con el Govern de Jaume Matas, Raimundo Alabern, mano derecha del ex conseller Joan Flaquer en Turismo. Alabern negó todas las acusaciones que pesan sobre él, como ya había hecho cuanto estuvo declarando hasta las tres de la madrugada del sábado en sede policial. El que fuera director-gerente del Ibatur dijo que jamás ordenó a empleados de la empresa pública que amañaran concursos ni expedientes de contratación para regar con dinero público a particulares, especialmente la agencia Clave. Alabern expresó sorpresa por su detención, y defendió la rectitud de su gestión. El político del PP rebatió las afirmaciones de los cuatro jefes de área del Ibatur que el martes declararon ante la Fiscalía Anticorrupción que se había gestado un entramado para falsificar facturas y desviar dinero público a empresas privadas.
La segunda fianza más elevada fue de 250.000 euros para el ex secretario y ex asesor jurídico del organismo público Miquel Àngel Bonet. En realidad se trata de una ampliación, ya que Bonet fue detenido en febrero del año pasado, y tras admitir que se había apropiado de 85.000 euros públicos para sus fines particulares, ya se le impuso una caución por dicha cantidad, por lo que ahora debe pagar la diferencia, 165.000 euros. Las acusaciones contra él se han agravado, ya que ahora se le responsabiliza de haber amañado más de un centenar de expedientes de contratación, para favorecer siempre a los mismos adjudicatarios.
Bonet insistió ante el juez en inculpar en todo momento a sus antiguos superiores del PP, Alía y Alabern, y se ratificó en que fueron ellos quienes instauraron el modus operandi irregular, y que él sólo acató sus órdenes, pero que no tuvo ningún beneficio económico a cambio. El imputado reconoció que llegó a inventarse nombres para dar cuerpo legal a decenas de procedimientos de adjudicación de trabajos. De esta manera, simulaba que había otras empresas licitantes en los concursos, cuando en realidad todo era ficticio y el objetivo era beneficiar siempre a la misma.
Para el empresario Juan Velasco, propietario del Grupo Clave de Comunicación, el juez ordenó una fianza de 100.000 euros. Tras ser el único de los detenidos que se negó a declarar ante el Grupo de Delincuencia económica de la Policía Nacional, durante su estancia en los calabozos de Palma, ayer sí depuso delante del juez y de los tres fiscales Anticorrupción –Pedro Horrach, Juan Carrau y Miqguel Ángel Subirán–, admitiendo que se le benefició con contratos desde la empresa pública de Turismo.
Para Juan Carlos Alía, que fue gerente del Ibatur entre 2003 y 2004, la fianza es de 30.000 euros. El imputado cobró una cuantía similar en tres contratos del organismo público a una sociedad que compartía con el ex alcalde de Montuïri, Juan Antonio Ramonell, también del PP. Anticorrupción sospecha que esos pagos sirvieron únicamente para compensar a Alía por haber asumido con su dimisión las responsabilidades políticas por el escándalo del Rasputín –pasó al Govern como gastos oficiales unas facturas del club de alterne moscovita del mismo nombre, durante una expedición del anterior Ejecutivo del PP a Rusia en 2004–. Alía volvió a negar los hechos y sostuvo que dimitió para no perjudicar al PP, sin que nadie le presionara para ello ni le prometiera recompensa.
Finaliza así la primera fase de la operación Pasarela, si bien ésta podría completarse la semana entrante con nuevas detenciones.

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