La fiscalía anticorrupción imputa a ex altos cargos de la Radiotelevisión pública del Consell de Mallorca un presunto delito de malversación de caudales por obligar a empleados de dicho ente a trabajar en asuntos electorales de Unió Mallorquina (UM), partido que gobernaba en la institución insular en la pasada legislatura. Cristina Muñoz, secretaria de dirección con el imputado Antoni Moragues como director general de la televisión insular, aseguró ayer que éste le pidió que se dedicara a rellenar impresos electorales fuera del horario laboral.

El fiscal Juan Carrau y el juez Juan Ignacio Lope Sola están investigando en una pieza separada del caso Maquillaje si cargos de la radiotelevisión pública insular y del Consell de Mallorca malversaron fondos usando empleados públicos para asuntos electorales de UM. De momento, han sido imputados en esta pieza Antoni Moragues, defendido por Valeriano Marqués, y Miguel Ángel Palmer, director financiero del ente audivisual y representado por José Manuel Yánez.

Hace unos días tres administrativos de la televisión declararon que Moragues y Palmer les habían forzado a trabajar en horario laboral y fuera de jornada con papeletas electorales de UM en los días previos a las elecciones municipales y autonómicas. El fiscal y el juez están intentando calcular cuánto tiempo de trabajo se invirtió en aquella tarea para poder evaluar el alcance económico de la supuesta malversación.

Palmer ayer se desvinculó absolutamente del tema de las papeletas. "No les obligué (a los empleados) a rellenar las papeletas, ni les comenté que ese trabajo era ilegal e inmoral, pero que había que hacerlo; tampoco les encargué dicho trabajo", explicó el ex cargo de la televisión del Consell.

Palmer también fue interrogado acerca de varios contratos suscritos por el ente audiovisual para adquirir material para Ona Mallorca, la radio insular, y la televisión pública. La maquinaria de la radio se la compraron al también imputado, y anterior concesionario de Ona Mallorca, Alfredo Conde. Las infraestructuras televisivas se contrataron con una productora vinculada al Grupo Video U, cuyos principales gestores se hallan así mismo encausados. Palmer declaró que se firmaron esos contratos por las prisas para emitir y porque aquel material estaba en buen estado y era más barato que comprar otro similar nuevo.