El zapatazo público ya tiene cifras concretas en Mallorca: a cada funcionario del Govern y del Consell le quitarán de su nómina mensual entre 7 y 290 euros brutos, recorte salarial que supondrá una bajada en sus ingresos anuales de entre 100 y 4.100 euros. La amplitud de la horquilla es consecuencia de un complejo sistema de remuneración basado en categorías, niveles, antigüedades y un buen número de complementos y extras de distinta naturaleza, que provocan que entre el empleado público mejor pagado y el que menos cobra haya una diferencia de 42.000 euros brutos al año.
Esa es la brecha que separa por ejemplo los más de 60.000 euros que se embolsa un titulado superior del grupo A1 y el máximo nivel (el 30) con tres décadas de servicio público de los apenas 18.600 euros que recibe un trabajador recién incorporado al grupo de menor cualificación. En ese nivel salarial viven profesionales tales como ordenanzas o conserjes, cuyas nóminas, aún siendo las más bajas de la Administración, rozan el sueldo medio de los trabajadores del sector privado en Mallorca: 18.886 euros al año.
Al desequilibrio entre los mejor y los peor pagados apela el Gobierno Zapatero para justificar una rebaja de salarios que es más contundente con las nóminas más floridas. Para ellos será el recorte del 7%, que hará que dejen de ganar 1.452 euros este año y otros 2.541 el que viene, a los que habría que sumar el 7% de descuento en los respectivos complementos. Se puede llegar así a situaciones de trabajadores que dejen de ganar hasta 4.100 euros al año. O incluso más: sería el caso de altos funcionarios como el tesorero (119.000 euros de nómina) o el de muchos médicos, condenados por la estrechez de plantilla a hacer horas extra que disparan sus emolumentos.
Y no son pocos los que están en esa situación. Según los datos facilitados por el Govern, el Consell y las respectivas consellerias, en el engranaje autonómico e insular trabajan 9.862 funcionarios de la categoría mejor remunerada. A ellos se unen otros 11.328 del segundo rango salarial, el A2, que verán cómo su ganancia anual se encoge en 1.700 euros (un 5,75% menos). A partir de ese punto el zapatazo pierde intensidad para arrebatarles 1.069 euros anuales (más complementos) a los casi 2.000 trabajadores del nivel C1 y 553 euros por año a los 6.400 funcionarios de categoría C2. Para estos últimos la rebaja será del 2,75%, tasa que baja al 0,56% en el caso del grupo peor pagado.
De ello se felicitaban ayer los representantes sindicales de los funcionarios con menos ingresos, trabajadores como carteros, ordenanzas y policías que la semana pasada calificaban de "injusto" que se les metiese a todos en el mismo saco: mileuristas con funcionarios de a 60.000 euros al año. Esa lucha interna entre categorías era la que hacía que en el seno del Govern se desease que la decisión la tomase el Gobierno central, que lo hizo, pero a medias: la vicepresidenta Salgado explicó que sería cada comunidad la que decidiese si adoptaba el modelo general o elaboraba una tabla propia que arrojase el mismo recorte medio del 5%. Y el Govern tiró por la calle más corta: aplicar un sistema calcado al diseñado en Madrid, que penaliza más al que más cobra.
Por todo ello no extraña que ayer las calculadoras echasen humo en los pasillos y despachos de la función pública. Hubo incluso quien llegó a aplicar los recortes al horario de trabajo, para concluir que un 7% equivale a 21 minutos menos de jornada diaria (en el caso de funcionarios que trabajen al 100% el 100% de los minutos de su turno). También había quien hacía cuentas más extremas aún, para concluir que solo con el tijeretazo a los tres funcionarios mejor pagados de la comunidad (el tesorero, el secretario general y el interventor, que cobran 350.000 euros entre los tres) da para pagar la nómina anual de dos carteros.
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