La ex técnico del Centro Baleares Europa (CBE) María Dolores Ordóñez, quien gestionó el pago en 2007 de 140.000 euros del Inestur a la Fundación COINT que vicepresidía, ha negado hoy ante la jueza del "caso Voltor" que su cargo en este consorcio fuera incompatible con el de la fundación.

Ordóñez ha declarado hoy como imputada de los delitos de malversación y tráfico de influencias ante la jueza instructora del "caso Voltor" de supuesta corrupción durante la actual legislatura en contratos supuestamente irregulares vinculados al Instituto de Estrategia Turística (Inestur).

La ex técnico ha comparecido en el mismo día en que estaban citados sus hermanos Enrique y Javier y la mujer de éste, Tayme Butler, todos ellos como imputados.

La imputada es vicepresidenta de la Fundación COINT -en la que también figuran sus hermanos y una cuñada-, entidad que recibió en octubre de 2007 dos transferencias de 140.000 euros para el convenio europeo Nautismed de colaboración entre Inestur y el CBE -consorcio dependiente de la Conselleria de Comercio-.

Respecto a si su cargo como técnico del CBE era incompatible con la vicepresidencia de COINT, Ordóñez ha afirmado que no y ha añadido que, en su momento, se le dijo oralmente que no había problema en compatibilizar ambos puestos, según han informado a Efe fuentes jurídicas.

Ordóñez, que trabajó en el CBE desde 2004 hasta 2007, cuando fue cedida a la Conselleria de Trabajo -actualmente está despedida de este departamento-, se ha quejado durante su declaración de que se ha vetado a su fundación para recibir subvenciones del Govern.

Además de vicepresidenta de COINT, Ordóñez posee el 99 por ciento de la empresa European Projects Managemente & Consulting S.L. -el 1 por ciento restante es de un hermano suyo-, la cual se benefició de contratos de traducciones de proyectos europeos y apoyo a gestión del CBE por valor de más de 40.000 euros entre 2005 y 2008.

Durante su interrogatorio, en el que han estado presentes el fiscal Anticorrupción Miguel Ángel Subirán, la abogada del Govern María Ángeles Berrocal, así como otros abogados personados en la causa, se le ha hecho notar asimismo que posee un fondo de inversión de 140.000 euros.

Después de esta imputada, también ha declarado sus hermanos y su cuñada. Su hermano Enrique es propietario del 10 por ciento del despacho del ex presidente de Unió Mallorquina y ex conseller de Turismo Miquel Nadal, aunque ha afirmado a la jueza que no tiene ninguna relación con el partido nacionalista.

El próximo lunes 24 están citados a declarar ante la jueza instructora del "caso Voltor" Betina Giner -pareja de Enrique Ordóñez- y Eva Martínez -vocal de la Fundación COINT-.

La "operación Voltor" investiga toda una serie de delitos de presunta corrupción llevados a cabo en empresas públicas del Govern balear en la presente legislatura, principalmente en el Inestur.

Entre los imputados en este caso figuran varios antiguos responsables de Unió Mallorquina, que a raíz de este escándalo fue expulsada del pacto de gobierno que gestionaba la comunidad.

Es el caso del ex conseller de Turismo y ex presidente de UM, Miquel Nadal; el ex presidente de la formación, Miquel Àngel Flaquer; los ex directores generales Joan Sastre y Antoni Oliver y el ex contable del partido, Àlvaro Llompart.