La diputada popular Mabel Cabrer afirmó ayer que el informe de la Sindicatura de Cuentas referido a 2008 confirma sus sospechas de que Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) adjudicó contratos irregulares por 10,6 millones de euros a las empresas Ineco y Grusamar, una actuación que considera corrupta y que ha denunciado a la Justicia.
Según Cabrer, el análisis de las cuentas públicas del organismo de fiscalización avala la denuncia presentada por su partido a finales del mes pasado por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y fraude, de los que acusa a la cúpula directiva de SFM. La diputada sostuvo que la Sindicatura constata que en 2008 "solo el 10%" de las adjudicaciones de SFM se realizaron mediante concurso público y "el resto a dedo". Agregó que el órgano fiscalizador también pone el acento en que la empresa pública adjudicó a la unión temporal de las empresas (UTE) Ineco-Grusamar un contrato de consultoría para determinar las obras de emergencia necesarias para solventar los problemas del metro. Ese contrato, según resaltó Cabrer, se realizó sin un precio máximo y contemplaba también que la UTE llevara a cabo la dirección de las obras, lo que representaba que cuantas más reparaciones señalaba como urgentes más ingresaba.
El conseller de Movilidad, Gabriel Vicens, negó ayer mismo que existan supuestas irregularidades en relación a las obras de emergencia del metro de Palma. La Conselleria, a través de un comunicado, rechazó que la Sindicatura de Cuentas haya apreciado ilegalidades en los contratos de la SFM con Ineco y Grusamar y acusó al PP de lanzar "afirmaciones gratuitas". Además, desmintió que la UTE Ineco-Grusamar haya ingresado 10,5 millones de euros en contratos, como aseguró Cabrer.
