Los investigadores del caso Bomsai han atribuido a algunos de los detenidos por este sumario el delito de prevaricación, que estaría vinculado a la forma en que la empresa pública Caib Patrimoni, dependiente de la conselleria de Economía y Hacienda, adjudicó el procedimiento negociado para la redacción de las bases de dos concursos millonarios. El "negociado" se hizo invitando a varios consultorías de ámbito nacional e internacional y el gasto público no podía superar los 30.000 euros, puesto que de ser mayor hubiera sido preceptivo convocar un concurso en toda regla.
Caib Patrimoni estaba presidida por el conseller Lluís Ramis d´Ayreflor y en su consejo de administración se sentaban, entre otros, Jorge Sainz de Baranda, Jaume Vidal y Joan Pol. Los cuatro están encausados y todos, menos Vidal, se hallan en libertad con sendas fianzas.
