Los investigadores del caso Bomsai, la presunta trama de corrupción en torno a la empresa pública Caib Patrimoni en la pasada legislatura, acusan al ex director general de Emergencias del anterior Govern del PP de haber cobrado un presunto soborno de unos 150.000 euros. Pol, defendido por Gaspar Oliver, se habría lucrado personalmente en el proceso de construcción del nuevo cuartel de Bomberos de Palma, ubicado junto a la Vía de Cintura.

Los agentes del Grupo de Delitos Económicos de la Policía aumentaron ayer a siete el número de arrestados en Bomsai (una palabra creada con la unión de bom (de bomberos) y sa (de sanidad). Fernando M.P., abogado y, en 2007, secretario no consejero de Caib Patrimoni, acudió ayer voluntariamente a Comisaría al saber que se estaban investigando algunas operaciones realizadas por la citada empresa pública.

M.P. declaró en calidad de detenido y salió en libertad poco después de dar su versión. El secretario no consejero (una especie de asesor externo ajeno a la empresa) fue interrogado acerca de unas facturas que había girado a la sociedad del Govern dedicada a promociones inmobiliarias. El declarante, asistido por Javier Massanet, facilitó explicaciones sobre las cantidades cobradas y los trabajos y servicios que prestó a Caib Patrimoni.

Los contratos

Fernando M. fue interrogado acerca de la marcha de los expedientes y los contratos millonarios adjudicados por la promotora pública y que son objeto de investigación, entre ellos la redacción de un pliego de bases y las adjudicaciones de las obras y mantenimiento de las sedes del cuartel de Bomberos de Palma y la conselleria de Sanidad.

Tanto el secretario no consejero, como el miércoles el ex director gerente de la empresa del Govern, Jaume Vidal Ladaria, se desvincularon del seguimiento y redacción de los contratos millonarios.

Vidal Ladaria, defendido por Eduardo Valdivia y Jaume Campaner, declaró durante muchas horas en la tarde noche del miércoles en Jefatura. El ex alto cargo del Govern admitió que se fiaba de sus superiores, entre ellos el consejero delegado Jorge Sainz de Baranda, representado por Josep Zaforteza, y que firmaba y acataba lo que éstos le decían.

Los investigadores del caso, que instruye bajo secreto el juzgado de instrucción 1 de Palma, han rastreado los contactos entre altos cargos de Caib Patrimonio y los propietarios o gestores de algunas de las sociedades adjudicatarias de los contratos millonarios.

Entre los detenidos se encuentran Miguel Llabrés Feliu, el veterano promotor inmobiliario, y su antiguo gestor Miguel Toledo. Ambos quedaron en libertad el miércoles.

Ayer seguía en Comisaría Federico Rodriguez Cerdá, que en 2007 era presidente del Grupo GPB (Gestión de Proyectos Balear).

La Policía y la Guardia Civil sospechan que desde Llabrés Feliu y GPB se habrían abonado sobornos a cargos del PP a cambio de los contratos.

Entre los receptores de las presuntas dádivas estaría Joan Pol, al que se le atribuye haber cobrado 150.000 euros de comisiones. Los investigadores están tratando de reconstruir cómo se habrían abonado los presuntos cohechos.

Pol habría cobrado ese dinero por los favores que hizo a algunas empresas en el contrato de construcción del nuevo cuartel central de Bomberos de Palma, licitado mediante una especie de peaje en la sombra. Pol, no obstante, figura como no asistente a las juntas de adjudicación.

El ex director general de Emergencias prestó declaración ayer por la tarde en Policía y fue interrogado acerca de todos estos extremos.

Los registros practicados el martes de forma precipitada, dado que estaban previstos para ayer, permitieron incautar mensajes entre Pol y al menos un gestor empresarial sobre el futuro concurso del cuartel de Bomberos.

El concurso se publicó en octubre de 2006, pero ya desde febrero de ese año existían intercambio de mensajes entre los sospechosos. El contrato del cuartel de Bomberos y de la conselleria de Sanidad fueron adjudicados el mismo día, el 22 de febrero de 2007.

La operación seguía ayer abierta y hoy estaba prevista la puesta a disposición de cuatro de los detenidos.