El que fuera conseller de Economía en el Govern de Jaume Matas, Lluís Ramis de Ayreflor, manifestó ayer su convencimiento de que no han existido irregularidades en la adjudicación de los proyectos del parque de bomberos de la vía de cintura y de la nueva sede de Salud, y defendió la inocencia de su ex director general de Tributos, Jorge Sainz de Baranda, aunque admitió también desconocer los hechos que se imputan y que han justificado una decisión "tan brutal" como la de las detenciones que se han practicado. En cualquier caso, manifestó sentirse "consternado" con lo sucedido.

Lluís Ramis de Ayreflor rechazó hacer valoraciones en profundidad de estas cuestiones, "no porque tema tener yo algún problema por ello, sino porque ya estoy fuera de la política", pero subrayó su convencimiento de que la inmensa mayoría de las actuaciones que se llevaron a cabo durante la pasada legislatura fueron correctas, pese a reconocer "en algún caso pudieron cometerse errores".

Adjudicaciones "correctas"

Respecto a los dos proyectos antes mencionados, insistió en que el proceso de adjudicación se realizó de forma correcta y siguiendo las recomendaciones de la Mesa de Contratación para seleccionar "las mejores ofertas".

El ex conseller afirmó tener un recuerdo vago de la reunión en la que se adoptaron esas decisiones, pero señaló que "no competían diez empresas en cada proyecto, sino que me parece que se limitaban a dos o tres ofertas, por lo que tampoco había mucho margen de maniobra".

Por ello, insistió en que no ve "ninguna posibilidad" de que se registraran irregularidades en este caso, de ahí su "sorpresa" ante lo que está sucediendo en relación a estas cuestiones.

Cabe recordar que la citada adjudicación de obras, por el sistema de ´peaje en la sombra´, se acordó por el consejo de Administración de la empresa pública Caib Patrimoni, dependiente de la Conselleria que encabezaba Ramis de Ayreflor, en una reunión en la que él estuvo presente, al igual que los directores generales de Tributos, Tesoro y Patrimonio, Jorge Sainz de Baranda, Antonia Carrasco y Miguel Mateu respectivamente, y la que fuera secretaria general del citado departamento autonómico, Dulce Nombre García.

En relación al cúmulo de casos de presunta corrupción registrados durante el mandato de Jaume Matas que se están investigando, el ex conseller admitió que en alguno parecen existir indicios de irregularidades, pero los achacó a "errores" cometidos por algunas personas muy concretas, y subrayó que "una Administración no está compuesta por una sola persona".

Por ello, insistió en que "el conjunto de la actividad" que se desarrolló durante esos años se mantuvo dentro de los márgenes de la legalidad.

En su opinión, la postura más adecuada es esperar a que concluya la actividad judicial antes de realizar cualquier pronunciamiento, aunque no ocultó que lo que está ocurriendo le parece "desagradable".