El juez del "caso Palma Arena", José Castro, ha notificado hoy una fianza de tres millones de euros para eludir prisión para el ex presidente del Govern balear Jaume Matas, después de que la Fiscalía pidiera para él la misma cantidad. Asimismo, se confirma la retirada del pasaporte del ex president, aunque abone la fianza, con lo que no podrá regresar a Estados Unidos y deberá personarse en los Juzgados el día 1 y 15 de cada mes en cualquier juzgado del país. El plazo máximo para abonar la fianza se fija en el miércoles 7 de abril hasta la medianoche.

El magistrado José Castro ha dispensado al ex político balear de la obligación de acudir personalmente a la notificación del auto, tal y como le pidió su abogado Rafael Perera, quien ha sido citado a las 10:00 horas en el juzgado de instrucción número 3 de Palma para recibir la resolución.

El auto de medidas cautelares del juez también afecta, al cuñado de Matas, Fernando Areal, antiguo tesorero del PP balear, que le ha impuesto la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la comparecencia en los Juzgados los días 1 y 15 de cada mes.

Así lo expone el juez Castro en un contundente auto de más de 140 páginas que dictó hoy y en el que justifica, junto a otros numerosos hechos supuestamente delictivos En el auto apunta a una "farsa orquestada" por el ex presidente del Govern, Jaume Matas, para ocultar que era quien tomaba personalmente las decisiones relativas a la construcción del velódromo Palma Arena y que supusieron el presunto desvío de más de cincuenta millones de euros entre 2005 y 2007, parte de los cuales pudieron acabar engrosando su patrimonio, según las investigaciones

En su resolución, a la que tuvo acceso este diario, el juez instructor del caso Palma Arena asevera que "a efectos de ostentar un control directo sobre el proyecto y dar una cobertura formal a sus decisiones", encargó a su entonces directora general de Gabinete, Dulce Linares, y al ex director general de Deportes, José luis 'pepote' Ballester, "llevar las actuaciones necesarias para tal fin basjo su supervisión y control directo", y ordenando a sus subordinados en el proyecto que hicieran lo que ambos indicaran.

Asimismo, encargó la gestión del velódromo a la Fundació Illesport con el objetivo de "eludir los controles ordinarios técnicos, de intervención y fiscalización del Govern". Todas las actas de las reuniones de este órgano, añade el juez, "son falsas" y Matas era quien ordenaba confeccionarlas con el contenido que "facilitaba previamente y las firmaba tras su confección".

En concreto, sobre el imputado pesan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos -hasta en siete ocasiones-, falsedad documental, prevaricación administrativa, fraude a la administración, blanqueo de capitales, un delito electoral y otro contra la Hacienda pública, castigados con hasta 68 años de prisión pese a que la pena máxima que cumpliría el ex presidente sería de 24, a tenor de las graduaciones de condena establecidas en el Código Penal.

En el auto, Castro también se ha referido a la relación de Matas con "Estudios Jurídicos y Procesales", en las que el ex president del Govern ha afirmado desconocer los permonores de su contratación y ha negado que fuere a pedirles trabajo, tras abandonar la política. De hecho, Matas ha corregido que "no fue a pedirles trabajo, sino a ofrecerles sus servicios", a lo que el juez concluye que "está claro que el señor Matas ha venido a reirse de los simples mortales".

En cuanto a las investigaciones sobre el soborno de 250.000 euros que supuestamente le entregó el conocido productor televisivo José Luis Moreno, Castro ha asegurado que "no ha hecho más que empezar".

En su escrito, el magistrado reconoce que no existe ninguna prueba de tal entrega, "por lo que habrá de estarse a lo que arroje esa investigación que, en tanto judicializada, no ha hecho más que empezar".

El magistrado reconoce que el denunciante de estos hechos, Luis Velasco Ortiz, no pudo ratificar en el Juzgado su denuncia, "quizá por la premura de su citación y encontrarse en Sudamérica", aunque ya se había ratificado ante la Fiscalía Anticorrupción.

Por ello, afirma, "salvo la manifestación del denunciante, ningún dato objetivo existe sobre tal entrega, pero tan cierto como esto es también que las irregularidades denunciadas relativas a adjudicación de programas y encargo de decorados tienen visos de ser ciertas".

Y ello porque estas irregularidades han sido "corroboradas en la Fiscalía por personas vinculadas a IB3 cuando supuestamente se produjeron".

En definitiva, Castro afirma que, si bien "cabía esperar" que Matas ofreciera explicaciones que pudieran "desvirtuar los abrumadores elementos de cargo que pesaban sobre él", finalmente durante sus quince horas de declaración "se invirtió más en formular las preguntas que en el desarrollo de las respuestas, que en su generalidad brillaron por su ausencia".

Es más, considera que algunas de las explicaciones que ha dado Matas suponen una "burla" a su Juzgado y a los ciudadanos y, en otros casos, "todo un disparate".