La información es mentirosa. Resulta engañoso escribir que "hoy declara Jaume Matas como imputado en un juzgado de instrucción palmesano", con las mismas palabras y melodía que "hoy pronuncia Matas una conferencia en Palma". El efecto adormecedor de esos enunciados contrasta con la realidad brutal, "hoy vuelve a desplomarse Mallorca, como cada semana desde que Eugenio Hidalgo saliera esposado del ayuntamiento de Andratx". Poco después de que el entonces alcalde se entrevistara con Matas, por supuesto.

El franquismo se extingue en Balears con un cuarto de siglo de retraso y la llegada del primer Pacto de Progreso en 1999. Sin embargo, continuaba imperando la ley del más fuerte, que desde hoy no ampara ya ni al más fuerte, el propio Matas. El ingreso en la vulgaridad legal del ex president es tan anómalo que su personación en el juzgado correspondiente se presenta como un acontecimiento insólito. Y ostenta ese rango, sobre todo para el imputado por una decena de delitos presuntamente cometidos en el Consolat.

Matas tiene derecho a mentir, que se le da por descontado. Sin embargo, el estupor que muestra en las fotografías se debe a que por primera vez tendrá que responder de sus actos públicos, según la definición de responsable. Sólo un juez se ha atrevido a preguntarle por los acontecimientos que Mallorca soportó entre el estoicismo y la complicidad. Penalmente puede callar. Socialmente, su negativa a contestar sería tan estridente como mirar fijamente a la cámara sin articular palabra. En hora punta.

La segunda acepción de responsable bautiza a quien "pone atención y cuidado en lo que hace o decide". Matas ha perdido de antemano esta faceta de la responsabilidad. En el president que gritaba en el Parlament "alguien pagará las carreteras", desentendiéndose de las consecuencias económicas de su gestión, habita el germen del descuido que en el juzgado se sustancia en los inexplicables fajos de billetes. Por lo menos, hasta que el ex ministro ilumine la financiación de sus adquisiciones inmobiliarias.

La falta de tacto de Matas era consustancial a su forma de ejercer el poder. No sólo se halla imputado por presunta corrupción, sino por la distorsión que introdujo en el mercado. Tras el master en Madrid, hizo saltar la banca. Ningún lujo era suficiente, de ahí el palacete atiborrado de televisores a doce mil euros la unidad, el equivalente a dos sueldos mensuales según la declaración a Hacienda del ex president.

La exigencia de una respuesta obliga a Matas a someterse a un acondicionamiento psicológico. Desde la vanidad ciega, se rodeó de miembros de la congregación de adoradores del poder. Todos ellos están imputados. La desatención a las exigencias del cargo ha arrastrado a media docena de miembros de su gabinete y de familiares, que hoy comparten sus imputaciones. La familia es el escudo emocional de los presuntos corruptos, pero sólo la invocan si llega la hora de responder.

Cuando empezó a desgranarse la catarata de escándalos del Govern Matas –la mayoría de ellos confesados por sus autores–, se aventó la hipótesis antihistórica de que una estructura podía corromperse en sus apéndices sin que ese comportamiento anidara en su núcleo. Ante la evidencia de que el ex president no interceptó ni a uno solo de los corruptos de su ejecutivo, cabe deducir que estaba entregado absolutamente a las labores que lo han conducido ante el juez. El espectro va desde el palacete privado al velódromo público por triplicado, dado que su coste multiplicó por tres lo presupuestado bajo la vigilancia directa –según sus propios adláteres– del president.

La monopolística ley del más fuerte sólo es compatible con la ley del silencio. El último error de Matas consistió en pensar que la discreción de sus subordinados y contratistas descansaba en la fidelidad perruna hacia el líder providencial, más allá del cargo que ocupara. Ha ocurrido todo lo contrario. Al sentirse abandonados, funcionarios y suministradores han descargado la obligación de responder sobre el político huido.

La rapacidad desatada en la anterior legislatura ha amortiguado las creativas teorías de la persecución sobre los gobernantes de esa etapa. En todo caso, Matas estaría acosado por sus correligionarios –más agraviados por su derrota que por los manejos que la provocaron–. En contra de las apariencias, jueces y fiscales protegen a Matas o Munar de la indignación desatada de los contribuyentes. La justicia aplaca las venganzas. Según demuestran las notables garantías bajo las que se desarrolla el proceso, la ley se escribe para proteger al presunto delincuente.