El juzgado de instrucción 2 de Palma puso ayer en marcha la maquinaria para el posible embargo de los bienes muebles e inmuebles de Maria Antònia Munar, imputada en el caso Maquillaje y que no depositó, en el plazo estipulado de 24 horas, los 2,5 millones de euros que se le exigen para las responsabilidades económicas en caso de ser condenada. Munar, defendida por Gabriel Garcías, sí que cubrió, en la noche del jueves, los 350.000 euros de fianza reclamados por el juez Juan Ignacio Lope Sola para eludir su ingreso en prisión.
Esta segunda fianza, que coloquialmente se conoce como personal, fue depositada en forma de un aval bancario. Una entidad financiera se comprometió a entregar los 350.000 euros de fianza si Munar se fuga y ésta deberá pagar unos intereses por ese aval.
Las fianzas de Voltor
De forma paralela, los cuatro detenidos esta semana en la segunda fase de la operación Voltor, el ex conseller de Turismo Francesc Buils y los empresarios Jacinto Farrús, Juan Carlos Escuer y Gabriel Rivas, depositaron ayer al mediodía sus sendas fianzas de cien mil euros para evitar la entrada en prisión. Buils, defendido por Mateu Sedano, aportó una escritura de un inmueble como garantía de que comparecerá ante la Justicia cuántas veces sea llamado y quincenalmente en el juzgado de guardia.
Farrús, representado por Llorenç Salvà, entregó otro aval bancario.
Los últimos en cumplir con la garantía exigida fueron Escuer y Rivas, defendidos por Eduardo Valdivia y Jaume Campaner. Ambos empresarios, vinculados al grupo Minser, habían indicado que están pasando dificultades económicas. Pero, finalmente, pudieron reunir la cantidad exigida. Los dos imputados depositaron avales y bienes inmuebles.
Todos los abogados de los encausados afectados por las fianzas han adelantado que recurrirán los autos judiciales sobre esas medidas cautelares. Las defensas sostienen que los imputados son personas con arraigo en Mallorca y que no existe riesgo de que se fuguen.
Garcías comentó que también apelará el auto donde se le exige a Munar 2,5 millones para responsabilidades pecuniarias.
El recurso, sin embargo, no suspende el proceso para localización de bienes de la ex presidenta de UM y su embargo por el juzgado de instrucción 2 de Palma.
