El titular del Juzgado de Instrucción número 3, José Castro, ha adelantado tres horas y media la citación del ex presidente del Govern, Jaume Matas, prevista para el próximo martes a las 9.00 horas en lugar de a las 12.30, hora a la que estaba anteriormente llamado a declarar, tal y como consta en el auto emitido hoy por el magistrado instructor del caso Palma Arena.

De este modo, tanto la citación de Matas como la de su mujer, Maite Areal, su cuñado y ex tesorero del PP balear, Fernando Areal, y el ex conseller del Govern, Bartomeu Reus, todos ellos en calidad de imputados, queda fijada para las 9.00 horas, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) en un comunicado.

Tal y como justifica el juez en los fundamentos jurídicos de su auto, la citación inicial escalonada y con determinados márgenes de diferencia (Fernando Areal a las 9.00, Reus a las 10.00, Maite Areal y Matas a las 12.30) obedecía al criterio de evitar innecesarias esperas a los imputados, lo que se hace "menos necesario" al haberse autorizado la grabación audiovisual de las declaraciones.

De este modo, la unificación de horarios permitirá evitar las comunicaciones directas o indirectas entre los imputados que pudieran "mediatizar" las declaraciones, además de concentrar el acceso al edificio en un solo acto minimizando así los problemas de orden público, y permitir a los abogados acompañar a sus clientes en el acceso al edificio judicial.

En concreto, el juez atribuye al ex jefe del Ejecutivo los delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, falsedad documental, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fiscal y electoral, mientras que sobre su esposa pesan los apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y otro fiscal.

Fue el pasado 11 de septiembre cuando Castro decidió incorporar las investigaciones sobre un presunto enriquecimiento ilícito de Matas, realizadas por el Ministerio Público y la Agencia Tributaria, al caso Palma Arena, que investiga una presunta malversación de caudales públicos producida durante la ejecución del velódromo de la capital balear, cuyo coste se disparó de los 48 millones inicialmente presupuestados a unos 110.