La Policía imputó ayer en la operación Voltor, la presunta trama de corrupción en torno a organismos públicos dirigidos por UM, a Eugeni Losada Amengual, el gerente del Consorcio de Informática Local de Mallorca, en unas presuntas irregularidades relacionadas con un contrato millonario para información turística con tecnologías avanzadas. Losada, defendido por Francisca Pol, aseguró ayer ante la Policía y la fiscalía anticorrupción que cometió irregularidades en aquel expediente por orden de Buils, que en la anterior legislatura fue el responsable de informática del Consell y en ésta fue conseller de Turismo, entre el verano del 2007 y octubre de 2008.
Una comisión judicial registró el jueves durante varias horas la sede del Consorcio de Informática Local de Mallorca, situada en el edificio que el Consell tiene en el antiguo Llar de la Infancia. Los funcionarios estuvieron en esas oficinas hasta bien entrada la tarde y después regresaron para completar el volcado de datos informáticos. Losada estuvo presente en el registro, pero no fue detenido.
El alto cargo del Consell fue citado a declarar ayer a primera hora de la mañana en la Jefatura Superior de Policía, a donde acudió acompañado por su abogada.
El Consorcio de Informática Local de Mallorca está formado por varios Ayuntamientos y el Consell de Mallorca. En la pasada legislatura Francesc Buils fue conseller ejecutivo de Presidencia del Consell, departamento del que dependía el Consorcio de Informática Local. Buills en esta legislatura fue nombrado conseller de Turismo, departamento en el que estaba integrado el Inestur.
Buils, desde la conselleria, impulsó el convenio entre el Consorcio y el Instituto de Estudios Turísticos para habilitar un sistema de suministro de información turística vía telefónica y basado en sofisticados sistemas de reconocimiento de la voz del llamante.
Existen sospechas de que pudieron cometerse irregularidades en esos dos expedientes de contratación y también se quiere determinar si se produjo el pago de comisiones o sobornos.
La adjudicataria fue Minser (Mallorca Informática de Servicios), un grupo empresarial especializado en tecnologías avanzadas y que ha tenido también como clientes al Ibatur, Emaya, Infof, Art Escénic, 112, varios ayuntamientos de las islas, entre ellos el de Palma, y otras importantes entidades públicas y privadas.
Losada reconoció haberse prestado a cometer irregularidades con ocasión de uno de los expedientes de contratación por un millón de euros, pero aseguró que lo hizo cumpliendo órdenes de Buils. El responsable del consorcio del Consell quedó en libertad tras prestar declaración en las dependencias del Grupo de Delincuencia Económica.
Otros imputados en la causa, la mayor parte detenidos, también quedaron libres entre el jueves y ayer tras deponer ante los investigadores. Algunos de estos implicados eran proveedores del Inestur y han reconocido que los contratos con ellos fueron amañados.
