La Policía llevaba varias semanas preparando el estallido de la operación Voltor. A través de la fiscalía Anticorrupción se fue informando puntualmente a la jueza Carmen Abrines del desarrollo de la investigación. Una vez identificados los presuntos implicados y establecida la línea general de la trama se decidió actuar.

A primera hora de la mañana de ayer un grupo de policías, seguidos de los dos fiscales anticorrupción y de los técnicos de la Agencia Tributaria, allanaron la oficina donde se sitúa la sede de Inestur, un moderno edificio situado en el Parc Bit. También se registró por la mañana una oficina de Pollença y por la tarde se precintó la sede del consorcio de informática local, una empresa pública formada por varios ayuntamientos y por el Consell Insular y que hasta hace poco presidía Miquel Ángel Flaquer, ex presidente de UM. Esta oficina pública será hoy registrada.

En la sede de Inestur dos agentes se situaron en la puerta para evitar que algún empleado pudiera salir y se obligó a los trabajadores a concentrarse en una sola planta del edificio. Acto seguido los policías iniciaron la búsqueda de los documentos que formaran parte de esta investigación. Se buscaron los expedientes de los contratos realizados con la empresa de viajes de Pollença, así como otros documentos relacionados con esta trama.

La mayoría de trabajadores no pudieron abandonar la oficina durante toda la jornada laboral de ayer. Muchos de ellos, a través de sus familiares, se quejaron de la actuación policial. Cuando tenían la necesidad de ir a los servicios les acompañaban un agente de policía para evitar que pudieran comunicar con el exterior. Se les prohibió también realizar llamadas telefónicas.

La comisión judicial inició el registro poco antes de las diez de la mañana de ayer. Cuatro horas más tarde los funcionarios pararon para comer y casi a las cinco regresaron al edificio de la conselleria de Turismo para continuar con el registro, que todavía seguía a medianoche.

Durante la tarde de ayer varios empleados fueron interrogados por los policías. Se les preguntó sobre la tramitación de los expedientes de los proyectos que fueron concedidos al empresario de Pollença. Se investiga si la empresa pública amañó los expedientes, incluyendo ofertas de empresas que no existían, para conceder los concursos siempre a la misma persona, es decir, el dueño de la agencia de viajes de Pollença. Los investigadores confiaban en que los empleados, incluidos los dos detenidos, colaboraran en la investigación para esclarecer el caso de corrupción.

La Policía ha encontrado vínculos entre Inestur y el consorcio de informática local, otra empresa pública que dirige el Consell Insular de Mallorca.