La Policía Judicial está registrando desde las 10.00 horas de hoy la sede del Instituto de Estrategia Turística (Inestur) de Balears, en una operación contra la corrupción ordenada por el juzgado de instrucción número 10 de Palma, sin que de momento se hayan producido detenciones.
Según han informado fuentes jurídicas y policiales, dentro de la operación, en la que interviene la Fiscalía Anticorrupción, se han ordenado un registro en la sede de este organismo público dependiente de la Conselleria de Turismo del Govern balear, situado en el Parc BIT de Palma.
Al lugar han acudido agentes de la Policía Judicial y una comisión judicial, integrada por miembros de la Fiscalía y del juzgado instructor.
Esta actuación policial responde a unas diligencias que se están instruyendo en dicho juzgado, sobre las que está declarado el secreto de sumario.
Fuentes de la Conselleria de Turismo han señalado que, al aparecer, los agentes protagonistas del registro han solicitado diversa documentación, que les ha sido entregada.
La actitud de este departamento autonómico es de "total colaboración" con la Justicia.
Por el momento no hay detenidos, según las fuentes policiales, y no ha trascendido si el objeto de este registro ordenado por el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach trata sobre supuestos delitos cometidos en la pasada legislatura, cuando Inestur dependía del PP, o en la presente, cuya gestión corresponde a Unió Mallorquina (UM).
La cúpula de este último partido ha sido imputada en varios casos judiciales, como es el caso de la presidenta de honor de UM y del Parlament balear, Maria Antònia Munar; del ex conseller de Turismo Miquel Nadal; o del ex presidente de la formación nacionalista hasta diciembre pasado, Miquel Àngel Flaquer.
En el caso del PP, también están imputados en diversos casos de supuesta corrupción el ex ministro de Medio Ambiente y ex presidente del Govern balear, Jaume Matas, y su mujer, Maite Areal; el ex conseller de Comercio e Industria Josep Juan Cardona; o el ex portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma Rafael Durán.
Para frenar los numerosos casos de corrupción destapados de la pasada legislatura, el Ejecutivo de las islas presidido por el socialista Francesc Antich ha aprobado la aplicación de un "código ético" por el que cualquier cargo ejecutivo deberá dimitir si un juez le impone medidas cautelares.
Éste ha sido el caso del ex conseller de Turismo Miquel Nadal y del ex portavoz de UM en el Consell de Mallorca Miquel Àngel Flaquer.
