01 de febrero de 2010
01.02.2010
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Impago de pensiones

"Violencia económica", nueva forma de violencia de género

El Govern quiere que el impago de la pensión sea equiparable al maltrato físico o psíquico contra la mujer

01.02.2010 | 16:15
El impago de la pensión a las mujeres con hijos a cargo aparece recogido en el anteproyecto de la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres que prepara el Govern como una forma de "violencia económica", equiparable a la violencia física o psicológica, hecho que permitirá a las mujeres víctimas de esta situación acceder a las mismas prestaciones y ayudas establecidas para las mujeres que sufren violencia de género.

Ésta es una de las medidas que incluye el borrador de esta normativa autonómica, que presentó hoy la consellera de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración, Fina Santiago, en una rueda de prensa en la que estuvo acompañada por la directora del Instituto balear de la Mujer, Lila Thomàs.

La nueva ley recogerá el concepto de "violencia económica" como la "privación intencionada y no justificada legalmente de los recursos para el bienestar físico o psicológico de la mujer y de sus hijos e hijas". Así, las mujeres que padezcan esta situación tendrán acceso a las mismas ayudas que la administración proporciona a las víctimas de agresiones.

Además, las mujeres que no perciban la pensión podrán acceder a estas ayudas presentando un informe social que acredite que padecen una situación de violencia de género, mientras que hasta ahora debían presentar una denuncia y esperar a la sentencia.

Otro de los aspectos importantes que recoge el anteproyecto de la Ley de Igualdad es la obligación de que todos los órganos de la administración pública tengan una representación paritaria, con una representación del 60 por ciento hombres y del 40 por ciento mujeres. Así, el Govern exigirá que haya equilibrio de sexos en los órganos de dirección y selección de personal.

La Conselleria llevará el anteproyecto al Consell de Govern en el mes de abril, y espera que sea aprobado en el Parlament a finales de este año o principios de 2011. Esta normativa autonómica derogará la vigente, aprobada el año 2006 sin el consenso de los partidos que forman actualmente el Govern. La nueva ley también que las empresas adscritas al Govern balear no podrán contratar a ninguna empresa que tenga antecedentes en discriminación por sexo contra las mujeres.

Asimismo, el anteproyecto plantea que se realizarán estudios económicos para conocer el valor social que tiene el trabajo doméstico que realizan las mujeres en sus domicilios, así como la atención a otras personas que hacen en el mismo.

Otros capítulos destacados por la consellera fueron el de la reafirmación de la necesidad del Instituto de la Mujer o el de la igualdad a la hora de otorgar becas deportivas. También se incorporará temario con contenido en igualdad en pruebas de selección y se incrementará de tres a cuatro semanas el permiso por paternidad de todos los trabajadores de las administraciones.

Santiago destacó otro de los temas clave en los que incide esta nueva normativa, que es el que especifica los mínimos en temas de cobertura de servicios de las mujeres víctimas de la violencia de género. Así, se establece que por cada 3.500 mujeres habrá una plaza en un centro de acogida de víctimas de este tipo de violencia y que por cada 100.000 mujeres habrá un centro de información.

SÍNDIC DE IGUALDAD

Otra de las novedades es que se creará un Síndic de Igualdad entre hombres y mujeres que dependerá del Síndic de Greuges y al que se entregarán las quejas que se reciban procedentes del ámbito privado. Esta iniciativa es producto de una normativa europea ya existente y que en España, por el momento, únicamente aplica el gobierno vasco.

La consellera comentó que se trata de una ley "bastante completa que no pretende ser una declaración de intenciones sino que establece toda una normativa", la cual incluye, además, un capítulo de sanciones e infracciones que penalizarán aquellas acciones que no cumplan con esta ley. Así, por ejemplo, una infracción grave podrá llevar aparejada una sanción de entre 30.000 y 90.000 euros.

Santiago, señaló que el anteproyecto ya ha sido entregado al Consell de la Dona, a las diferentes Consellerias y al grupo parlamentario 'popular' para que pueda ser iniciado su debate. Asimismo, el borrador de la ley será colgado en la página web de la Conselleria a partir de la próxima semana para que esté al alcance de todos los ciudadanos.

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