El Govern eliminará los censos y alodios que estén inactivos o no tengan un titular conocido

El Govern aprobó ayer un anteproyecto de ley de constatación de censos y alodios con el fin de eliminar aquellos que estén inactivos o no tengan un titular conocido, de tal modo que se eliminen los obstáculos que suponen para el tráfico inmobiliario. Los censos son derechos reales históricamente adquiridos que gravan la propiedad y suponen la entrega periódica de un canon o un bien. Los alodios también son derechos adquiridos históricamente, aunque en su caso implican el pago de un tanto por ciento en cada una de las transmisiones onerosas.

El anteproyecto de ley establece que los titulares deberán acreditar la vigencia de estos derechos. El conseller de Presidencia, Albert Moragues, explicó que en muchos casos se trata de derechos procedentes de hace siglos y que plantean problemas cuando a la hora de acceder a una hipoteca, por ejemplo, no puede constatarse que la propiedad está libre de cargas a pesar de que el censo o el alodio esté inactivo.

Precisó que en el año 2008 el Ayuntamiento de Lloseta pidió la supresión de estos derechos y, si bien la Comisión Asesora de Derecho Civil no aceptó que se suspendieran, este organismo sí consideró obligatorio constatar la vigencia de censos y alodios por parte del titular a través de una nota marginal en el Registro de la Propiedad.

Así, si no se produce la constatación de la vigencia por parte del titular en cinco años, se considerará que estos derechos están inactivos y se podrá obtener la extinción del derecho. Esta medida, según el Govern, "no es confiscatoria de un derecho" a la vez que "permite regular y suprimir los censos y alodios que no estén activos".

Ley de publicidad

Por otro lado, el Govern aprobó ael proyecto de ley de publicidad institucional, cuyo objetivo es lograr "una mayor transparencia" en las contrataciones de publicidad por parte de las instituciones y velar para que éstas respondan sólo al interés de los ciudadanos. La ley afectará al Parlament, al Govern, a los consells, los ayuntamientos, los entes y empresas públicas y a la UIB. Para velar por su cumplimiento se creará una comisión que asesorará y supervisará la actividad de las instituciones en esta materia y emitirá informes "no vinculantes". Además, esta comisión elaborará un informe anual que será debatido en el Parlament.