Imposible olvidar la imagen de Maria Antònia Munar lanzando besos a su llegada al TSJB para declarar como imputada por el caso Can Domenge, mientras al fondo sonaban los pitidos e insultos contra ella. Ni Cándido Conde Pumpido, reconociendo que la única causa penal que ha parado ha sido la de la investigación sobre el patrimonio de Jaume Matas, logró esta semana eclipsar ese estrellato de Munar. Dado que las investigaciones que afectan a la corrupción política forman parte del ámbito judicial, los nombres que he mencionado hasta ahora en ese contexto deberían figurar en artículos e informaciones dedicados a los tribunales y no a la política. Sólo que la presidenta de honor de UM, tras declarar ante el TSJB, decidió dirigirse a los medios de comunicación en el Parlament y, por otro lado, el fiscal general del Estado se pronunció sobre el caso de Matas durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados. Y sobre todo, Munar es la segunda autoridad de Balears como presidenta del Parlament y Matas es ex president de esta Comunidad Autónoma.

Ambos, Matas y Munar, tienen que dar explicaciones ante el juez por el posible uso de los cargos públicos para beneficios privados, al igual que ese discreto ramillete de políticos imputados en nuestra Comunidad Autónoma: a mí, de entrada, sólo me salen dos ex presidents de Govern, la presidenta del Parlament, un presidente del Consell de Eivissa, un conseller del Govern, unos cuantos diputados...

De acuerdo, dicho así suena a excesivo numéricamente, pero piensen que aún podrían ser más. Y también menos. Por ejemplo, si cuando se imputa a un político éste dimitiera en cuanto hubiera el más mínimo indicio que dejara en el aire su honestidad, ahora mismo no tendríamos cargos imputados. Eso nos colocaría en la terrible situación de que la credibilidad en las instituciones sólo dependería de la buena o mala gestión de los responsables públicos, y no de las sospechas de que en el ejercicio de esa gestión se haya metido la mano en el bolsillo de todos. Antich, por ejemplo, no podría decir eso de que "no es buena" la imagen de una presidenta del Parlament imputada. Ni veríamos a los socios de UM calificando de "inadecuado" el que, tras abandonar el TSJB, se dirigiera a los medios de comunicación en el Parlament. Hasta José Ramón Bauzá, presidente del PP, lanzó una crítica indirecta a Munar al afirmar que, de haber sido ella, él hubiera hablado con la prensa en la sede de su partido. ¿En qué quedamos?. PP y PSOE consideran adecuado que una presidenta de Parlament o un conseller o un diputado imputados mantengan sus cargos mientras no haya medidas cautelares, pero no ven adecuado que hagan declaraciones sobre sus imputaciones en las instituciones a las que representan. Algo chirría en esa dualidad. Máxime cuando no parece que ni socialistas, ni populares, ni por supuesto UM tengan el más mínimo interés en plantearse las medidas que propone el Bloc para el retiro temporal de los imputados hasta que se aclare judicialmente que no hay motivos para dudar de ellos.

Los imputados políticos copan la actualidad con un Govern cuya gestión difícilmente les puede hacer sombra. El Ejecutivo de Antich está de enhorabuena: consiguió acabar la semana aprobando un proyecto de ley, la de ordenación del transporte marítimo entre las islas. La noticia es que, para pasmo generalizado, esta ley no ha provocado ningún enfrentamiento entre los socios del Pacto. Un pequeño respiro, al igual que el soplo de aire que supone para el PSM la corriente interna que han creado notables miembros de EU en el seno de la formación de izquierdas, partidarios de la política de pactos que propició el Bloc y reacios a las tesis rupturistas con los socios de legislatura. En otros partidos califican a sus respectivas corrientes internas como ´sensibilidades´, que suena de lo más cursi. ¿Carlos Delgado es una corriente o una sensibilidad del PP balear?. Por de pronto, es un grano para un Bauzá que cada vez tiene más claro que tarde o temprano deberá medirse con él por el poder en el partido.