La fiscalía anticorrupción y la acusación particular en nombre del empresario catalán Josep Lluis Nuñez i Navarro planean pedir la imputación de más personas en el sumario que tramita el juez de la sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) por el caso Can Domenge, la supuesta trama de corrupción político-empresarial en torno a la enajenación por el anterior Consell de Mallorca de los solares del mismo nombre. Ayer, el magistrado Javier Muñoz interrogó durante horas a varios arquitectos que trabajaron en los proyectos presentados por otros de los licitadores en el concurso convocado por la institución insular, y a Luis Corral, decano del Colegio profesional de Arquitectos de Balears. Algunos de estos testigos reconocieron que, al igual que los técnicos de la oferta ganadora, empezaron a trabajar en el proyecto antes de convocarse el concurso.
El caso Can Domenge nació en 2007 por la querella de Josep Lluis Nuñez i Navarro contra varios técnicos y los 16 consellers del PP y los 4 de Unió Mallorquina (UM) que, el 5 de junio de 2006, acordaron adjudicar a la unión temporal de empresas (UTE) Sacresa Terrenos Promoción S.L. y Construcciones Pedro Francisco Ferrà Tur (Ferratur) los terrenos. La querella, a la que luego se adhirió la fiscalía anticorrupción, también se extendió a los ex ejecutivos de Sacresa Mario Sanz Bernal y Joan Maria Pujals, ex conseller de la Generalitat de Catalunya.
Los encausados
En el sumario, además de Bernal y Pujals, Pedro Francisco Ferrá, Sacresa y Ferratur, están encausados Maria Antònia Munar, ex presidenta del Consell de Mallorca y actual presidenta del Parlament; Miquel Nadal, vicepresidente del Consell la pasada legislatura y conseller de Turismo del Govern; Bartomeu Vicens, conseller de Territorio en el Consell entre 2003 y 2007 y hoy diputado en el grupo mixto del Parlament; Miquel Àngel Flaquer, hoy presidente de UM y en la anterior legislatura conseller de Economía y Hacienda de la institución insular; y Fernando Rubio, ex portavoz del PP en el Consell y actual conseller en dicha entidad. Munar y Rubio prestaron declaración el lunes ante el juez Muñoz.
Los dos jueces que han investigado el caso han sobreseído la causa para los técnicos y altos funcionarios del Consell que dieron forma al expediente para la venta de las fincas.
El viernes 13 agentes policiales, funcionarios de Hacienda y comisiones judiciales registraron los domicilios de Sacresa, en pleno Illa Diagonal de Barcelona; Ferratur, en Son Bugadellas; y la sede de la UTE adjudicataria, ubicada en el bufete Fiol de Palma. Los allanamientos se hicieron dentro de una pieza aparte abierta por el juez Muñoz y declarada secreta.
La instrucción del caso Can Domenge, que la anterior jueza daba ya casi por concluida, está en la actualidad abierta y no se descartan más imputaciones. La documentación intervenida en los registros será analizada a fondo para confirmar, o descartar, las nuevas vías de investigación abiertas en el TSJB.
En principio las acusaciones podrían solicitar la citación como imputados de personas ajenas al ámbito político.
No obstante, fuentes próximas a las defensas expresaron su creencia de que el instructor podría interrogar, como imputados, a otros políticos del Consell de la pasada legislatura. En estos medios se daba como probable el encausamiento de otros antiguos conselleres del PP, partido que, ya desde el principio, trató de desvincularse del tema y sostuvo que lo apoyó por lealtad a UM, que gobernaba el Consell con el soporte de sus votos.
El interrogatorio a fondo de varios de los arquitectos que trabajaron para algunos de los trece licitadores del concurso se prolongó entre las diez de la mañana y casi las cinco de la tarde.
En el sumario se presume que la UTE ganadora pudo disponer de información privilegiada para preparar su proyecto con mucha antelación al resto de concursantes. Los adjudicatarios se defienden alegando que se enteraron de la intención del Consell de vender las parcelas por una noticia de prensa de abril del 2005. Ayer los arquitectos del grupo Fer admitieron haber trabajado en el proyecto antes de que se convocara el concurso el 3 de enero del 2006.
