La actual presidenta del Parlament, Maria Antònia Munar, declara hoy como imputada ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears por el Caso Can Domenge, donde se investiga una posible malversación de fondos públicos, prevaricación y otros delitos. La polémica adjudicación de las parcelas implica un proceso que se remonta a junio de 2005, cuando Munar era presidenta del Consell.
El segundo de a bordo de Munar aquel tiempo, entonces vicepresidente de la institución insular y hoy conseller de Turismo, Miquel Nadal, se reunió con un directivo de la empresa Sacresa en junio de 2005, ocho meses antes de que se hiciera público el concurso oficial. Días después la promotora catalana fichó al famoso arquitecto Jean Nouvel para que le asesorara con el proyecto básico.
El concurso se publicó el 3 de enero de 2006, cuando varias empresas permanecían cerradas por vacaciones. Se fijó una cláusula que establecía un precio máximo de 30 millones de euros y se dio un plazo de 15 días para elaborar el proyecto técnico de un terreno de 52.00 metros cuadrados y de 600 viviendas. Finalmente se alargó el plazo 15 días más, tras protestas de promotores y arquitectos.
Una resolución sin sorpresas. En junio de 2006 se resolvió el concurso sin sorpresas, al quedar adjudicado a la UTE de la empresa catalana Sacresa y la mallorquina Ferrà Tur.
Núñez y Navarro ofrecía 60 millones. El escándalo saltó a la palestra en febrero de 2007 cuando la constructora Núñez y Navarro presentó una querella criminal contra Maria Antònia Munar, en la que figuraba que la empresa catalana ofrecía 60 millones por los terrenos, el doble que los vencedores del concurso.
Munar estuvo de baja por enfermedad y no participó en la redacción de las bases del concurso ni en el posterior proceso. Su firma sí aparece en la escritura formalizada ante notario a los pocos días de adjudicarse la enajenación del solar a favor de la UTE Sacresa-Ferra Tur. Un informe externo declara "nulo de pleno Derecho" dicho documento porque en vez de adjudicar el solar a la UTE, lo hace a las dos empresas por separado.
La imputación a la actual presidenta del Parlament tuvo lugar el pasado 21 de octubre. La que fuera presidenta de Unió Mallorquina calificó de "normal" que el juez la citara para conocer su "opinión".
El TSJB registra las empresas implicadas a tres días de la declaración de Munar. El pasado viernes tres comisiones judiciales visitaron las sedes de Sacresa y Ferratur, y el domicilio de la UTE, que está ubicado en el despacho del actual portavoz del PP en el Parlament, Francesc Fiol. Los agentes se incautaron de abundante documentación en busca de pruebas de pagos ilegales a altos cargos del anterior Consell de Mallorca, gobernado por UM con los votos del PP.
Además de Munar, hoy también declara como imputado en el TSJB el que fuera portavoz del PP en el anterior Consell, Fernando Rubio.
