La consellera Fina Santiago ha comparecido hoy ante la comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlament para dar a conocer las cuentas de su departamento y ha señalado que el esfuerzo para que sea el menos afectado por el recorte presupuestario se debe a la voluntad del Govern de dar prioridad a las políticas sociales, según ha informado la Conselleria en un comunicado.
El presupuesto de este departamento autonómico será de 120,7 millones de euros, de los que 78,2 se destinarán a la cobertura de la ley de dependencia, un 64,7 por ciento de todo el dinero disponible.
Santiago ha explicado que las prioridades de la Consellería serán dos: dependencia y servicios sociales, con un importante esfuerzo presupuestario por mantener las ayudas destinadas a las personas y las familias más afectadas por la crisis económica.
Se destinarán más de 8 millones a los diferentes programas y servicios de carácter social.
La Conselleria ha informado de que continuará con las ayudas de urgencia social a personas y familias que no habían requerido asistencia para cubrir sus necesidades básicas antes de la crisis económica. En los primeros siete meses de 2009, se beneficiaron de ellas 5.700 personas.
También se mantendrán prestaciones sociales como la renta mínima de inserción (con más de 1.200 beneficiarios al año), la Tarjeta Básica que complementa las pensiones más bajas (con 7.800 personas al año) y el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de los Servicios Sociales (con 55.700 beneficiarios anuales).
El departamento de Cooperación contará con 10,4 millones, con un descenso del 37,3 por ciento, en el que se dará prioridad a las acciones que desarrollan las ONG en países en vías de desarrollo.
El presupuesto de Menores y Familia será de 9,4 millones y supone la supresión del Bono de Infancia. La Oficina de Defensa de los Derechos del Menor dispondrá de 281.853 euros y se centrará en vigilar el respeto de los derechos en internet y otros ámbitos vinculados a las nuevas tecnologías.
Inmigración dispondrá de 6,2 millones de euros y el Instituto Balear de la Mujer de 2,9 millones.
La Conselleria proseguirá además con la aplicación de medidas de austeridad con el recorte de gastos corrientes, dietas, publicidad, viajes, y la extinción de la Fundación de Ayuda a la Reinserción de las Islas Baleares y la Fundación Balear contra la Violencia de Género.
Desde el punto de vista normativo, Asuntos Sociales seguirá la aplicación de la Ley de Dependencia ,desplegará la cartera de servicios sociales derivada de la Ley del mismo nombre, así como la Ley de Igualdad, la de mediación familiar y la carta de derechos sociales.
También tiene previsto aprobar dos protocolos de actuación que implican a varias instituciones, uno de ellos para detección, prevención y atención de la violencia machista en caso de ataque sexual, y otro en casos de maltrato infantil.
